La diputada Yully Porras, quien representa al partido U, ha expresado su firme condena hacia la situación actual que enfrenta la Asamblea de Tolima. En particular, ha llamado la atención sobre el hecho de que el Hospital San Juan Bautista, ubicado en Chaparral, destina un alarmante 57% de su presupuesto a la contratación de empresas privadas para la especialidad de cirugía cardíaca. Esta decisión ha generado una preocupación considerable, ya que el hospital, que debería ser una fuente de atención y servicio a la comunidad, se encuentra en medio de una crisis financiera que pone en riesgo la calidad de los cuidados ofrecidos a sus pacientes.
La diputada Porras ha señalado la falta de transparencia en el proceso de adjudicación de contratos y ha solicitado que se hagan públicas las condiciones de los ocho contratos solicitados para el período 2024-2025. Este análisis es especialmente crítico dado el riesgo de perpetuar este modelo de financiamiento durante los próximos diez años, lo que podría tener un impacto severo en aproximadamente 170,000 usuarios que dependen de los servicios de este hospital. Es fundamental garantizar que los recursos destinados a la salud se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la población, en lugar de ser desviados hacia entidades privadas que no siempre priorizan el bienestar de los pacientes.
En este contexto, el gerente del Hospital San Juan Bautista tiene la responsabilidad de entregar los documentos requeridos por Decop II, una medida que busca asegurar una mayor supervisión y transparencia en la gestión del hospital. La comunidad y los usuarios del hospital merecen contar con información clara y accesible sobre cómo se distribuyen y utilizan los fondos destinados a su salud. La falta de claridad puede generar desconfianza y ansiedad entre los pobladores, quienes se ven directamente afectados por estas decisiones administrativas.
Es imperativo que la Asamblea de Tolima y los responsables institucionales tomen cartas en el asunto y busquen soluciones a esta problemática. La salud es un derecho fundamental, y los ciudadanos deben tener acceso a servicios adecuados y de calidad sin la carga de una crisis económica que obstaculice su bienestar. El compromiso de los funcionarios, incluyendo a la diputada Yully Porras, es crucial para garantizar que se prioricen los intereses de la comunidad por encima de acuerdos que solo benefician a empresas privadas.
En conclusión, la situación del Hospital San Juan Bautista y la crisis financiera que atraviesa son temas que requieren una atención urgente por parte de los líderes políticos y la sociedad civil. Es fundamental que se inicie un debate amplio sobre cómo mejorar la gestión de la salud en la región y garantizar que todos los ciudadanos de Tolima reciban la atención médica que merecen, sin compromisos que atenten contra su bienestar.
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