En medio del complejo y, a menudo tenso, clima político que rodea la inauguración de las nuevas piscinas olímpicas ubicadas en 42. Street con Fifth Carrera en Ibagué, el gobernador del banco central, responsable de la región de Tolima, Alexander Castro, ha indicado que este nuevo desarrollo podría interpretarse como un gesto entre los sectores políticos dominantes de la zona.
Castro enfatizó la relevancia del papel que desempeñan los miembros del partido, señalando que es fundamental trabajar de manera colaborativa para el bienestar de la ciudad. «Hemos transmitido un mensaje claro sobre la unidad y la fraternidad. Por encima de cualquier interés personal o carácter particular, lo que realmente importa es nuestra Tierra y, en particular, Ibagué», expresó con firmeza.
La ceremonia de esta importante entrega deportiva fue liderada por el alcalde Johana Aranda, quien es aliada del ex presidente de U -Tolima, Andrés Fabián Hurtado. Castro, sin embargo, no dejó de mencionar el respaldo que ha recibido de la gobernadora Adriana Magali Matiz, así como de varios parlamentarios, incluyendo al senador Oscar Barreto, destacando así la unión de las distintas fuerzas políticas en torno al proyecto.
Asimismo, el funcionario se refería a la entrega de estas piscinas olímpicas como «el mejor alivio» ante el escándalo que rodeó a los Juegos Nacionales de 2015. Este proyecto, que comenzó en 2022 y está programado para ser entregado en 2025, ha enfrentado críticas debido a sus implicaciones presupuestarias, que el gobierno local prefiere evitar discutir abiertamente.
En una entrevista, el Ministro de Cultura de Tolima también fue consultado sobre la contratación de 369 empleados, lo que representa una inversión de aproximadamente $1.7 mil millones, dentro del marco del gobierno del partido en los distintos municipios de Tolima. Sin embargo, esta situación ha generado controversia, y diversos portales digitales han denunciado lo que consideran una estrecha relación personal de Castro con los miembros de esta unidad administrativa.
Castro negó rotundamente cualquier favor indebido, aunque admitió haber estado en contacto con los gerentes de la fundación durante muchos años. «En la ciudad y en el departamento, en las industrias del transporte y la cultura, nos conocemos prácticamente todos», justificó, tratando de así desmentir cualquier insinuación de impropiedad. Además, defendió la legalidad del proceso de contratación y afirmó que está dispuesto a presentar un juicio contra aquellos a quienes describió como «artificiales» en su acusación.
Por último, el Secretario General condenó lo que él considera una campaña sistemática en su contra, argumentando que se está realizando un esfuerzo político para socavar su gestión. Anunció que solicitará una reunión con la oficina del fiscal para abordar estos temas. «Lo que aquí realmente está sucediendo es que se está estableciendo un caso sistemático y penal, diseñado para dañar a nuestro gobierno», concluyó con una grave advertencia.
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