En una conferencia de prensa publicada recientemente por la revista SemanaEl exfiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, afirmó que los indultos otorgados al grupo guerrillero M-19 (Movimiento 19 de Abril) como parte de su reposición -que incluyó los hechos de la toma del Palacio de Justicia de Colombia en 1985- fueron derogado con una norma posterior y que, en consecuencia, podría reabrirse la causa penal correspondiente.
¿Qué pasó y qué norma está en juego?
La historia es la siguiente. En 1989, con la conocida Ley 77 de 1989, el Estado colombiano otorgó amnistía a miembros del M-19 como parte de su proceso de paz y reemplazo. Sin embargo, en su intervención, Martínez afirmó que las normas en cuestión fueron retiradas del ordenamiento jurídico por la Ley 2085 de 2021, una «cláusula de limpieza legislativa» que eliminó del ordenamiento jurídico colombiano normas que consideraba inconstitucionales. “La ley de indulto fue derogada por la Ley 2085 de 2021”, dijo el exfiscal.
Argumentos legales y constitucionales
Martínez sostiene que los indultos otorgados por miembros del M-19 no pueden cubrir crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, que según la Constitución colombiana y el derecho internacional son indescriptibles y aborrecibles para los indultos. «La ley no puede tolerar estos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Sería inconstitucional», afirmó.
Dado que la norma de clemencia se considera inconstitucional, el hecho de que sea eliminada del sistema significaría que ya no tendría el efecto jurídico de inmunidad o cierre automático de las investigaciones según su enfoque.
Implicaciones prácticas e investigación.
Si su afirmación es correcta y se deroga la norma de amnistía, se abriría la posibilidad de activar de nuevo proceso penal o preliminar contra exmiembros del M-19 por los hechos ocurridos en los juzgados, tanto por responsabilidad personal como estatal, lo que -desde el punto de vista de Martínez- dejaría sin protección jurídica la amnistía de la que alguna vez disfrutaron. «La justicia podría reabrir los procesos relacionados con los sucesos de palacio», afirmó.
De hecho, Martínez se refirió directa o indirectamente al papel del actual presidente Gustavo Petro, señalando que «están tratando de reescribir la historia frente al país e insultan gravemente a las víctimas».
Contexto político y mediático
La declaración de Martínez cobra especial significado en el marco del debate sobre la memoria histórica en Colombia, la responsabilidad de los actores armados y el apego a los mecanismos de verdad, justicia, reparación y no repetición. También se produce en un entorno en el que ha habido llamados recientes para aclarar lo ocurrido durante la toma del juzgado hace 40 años, y en ese contexto los indultos en la M-19 son un punto importante.
Es importante resaltar que Martínez, quien fuera ministro de Justicia, es reconocido por su actitud crítica hacia el gobierno de Gustavo Petro, lo que le agrega un matiz político al anuncio en la opinión pública.
Pensamientos analíticos
- Derogar un indulto no significa automáticamente reabrir todos los procedimientos: depende de cuán clara sea la derogación, cuán retroactivamente se asigna y cuál sea la interpretación que haga el juez del derecho adquirido o del estado de derecho.
- Martínez asume que la derogación es clara y que los crímenes cometidos encajan en el molde de lo imperdonable (contra la humanidad/crímenes de guerra). Esa interpretación puede estar sujeta a litigio.
- Víctimas y familiares de los hechos del Palacio de Justicia tienen particular interés en esta narrativa: una eventual reactivación del proceso abriría nuevas vías para buscar justicia, pero también podría crear nuevas disputas legales.
- Desde una perspectiva política, la referencia al presidente Petro y a «reescribir la historia» sitúa el caso en un plano simbólico más que puramente jurídico.
¿Qué sigue?
Habrá que esperar a que surja una decisión judicial o del Congreso que confirme, rechace o modifique la interpretación de Martínez. También será clave saber si la cancelación incluye un mecanismo especial para confirmar hechos que ya han sido juzgados o si abrió la puerta a nuevas investigaciones. Al mismo tiempo, las víctimas seguirán pidiendo más claridad y justicia en los hechos de 1985, lo que coloca este caso en el centro de la memoria histórica del país.
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