La Auditoría General de la República emitió un mordaz fallo sobre responsabilidad fiscal por mil 600 millones de pesos contra el exgobernador del Cauca Óscar Rodrigo Campo Hurtado y la Fundación para el Desarrollo Sostenible y la Participación Ciudadana (Fundespac), al descubrir supuestas irregularidades en la ejecución de un contrato en el departamento destinado a fortalecer el sector.
El regulador concluyó que se trataba de un supuesto impuesto predial derivado del incumplimiento de los objetivos del contrato “Incremento de la competitividad de la cadena láctea en 14 municipios del Cauca”. Este proyecto buscaba impulsar a los pequeños productores a través de la construcción y adecuación de centros de acopio de leche, pero según la Auditoría Nacional, algunas de estas obras no fueron entregadas o no cumplieron con las condiciones técnicas necesarias para operar, lo que terminó afectando el capital público invertido.
Irregularidades en proyectos lácteos
El fallo, que se emitió en primera instancia, dice que deficiencias en la planificación, implementación y seguimiento del contrato han dejado la infraestructura incompleta o inutilizable, frustrando el propósito del programa y causando daños económicos al departamento.
Aunque la contraloría impuso la obligación de devolver los $1.600 millones mediante una actualización monetaria, el expresidente aún puede presentar una revisión y apelar los recursos ante el mismo partido.
Este caso, que hunde sus raíces en su gestión (2016-2019), será uno de los más sonados del último año en el Cauca, no solo por la cuantía de los daños sino también por la importancia política del involucrado. Campo Hurtado, actual representante en el Congreso por el partido de la U, enfrenta ahora un fallo que podría afectar su carrera pública y su futuro político en la región.
Golpe político
La decisión también deja sin financiamiento público a los exgobernadores Temístocles Ortega y Elías Larrahondo Carabalí, quienes habían estado vinculados al proceso en etapas anteriores. Este hecho ha generado una lectura política contradictoria, pues mientras algunos sectores interpretan el fallo como un acto de justicia fiscal, otros lo ven como una medida que rearma el panorama político del Cauca de cara a las próximas elecciones.
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