Uaesp en el ojo del huracán: Diago denuncia irregularidades en el personal de contratación

Daniel Barrácegan supuestamente habría recibido un contrato jugoso

Una nueva controversia ha surgido en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que está generando bastante revuelo. En esta ocasión, la atención se centra en Daniel Barragán, un contratista que ha sido señalado por la concejala Diana Diago. Según sus declaraciones, Barragán habría logrado obtener un contrato significativo que supera los 220 millones de pesos, a pesar de no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la propia entidad. Este tipo de situaciones plantea serias dudas sobre la gestión y transparencia en la utilización de recursos públicos.

Barragán fue vinculado a la institución mediante el contrato UAESP-004-2024, que se destina a proporcionar apoyo especializado en la dirección general de la entidad. Para ocupar tal posición, se requería que el candidato poseyera un posgrado y al menos 97 meses de experiencia profesional. Sin embargo, la documentación presentada en su defensa solo acredita una experiencia de 60 meses, lo que claramente contraviene los criterios establecidos por la entidad. A pesar de esta evidente falta de cumplimiento de los requisitos, el contrato fue finalmente firmado y posteriormente ajustado, llevando el monto total del mismo a más de 220 millones de pesos. Este proceso ha levantado cejas entre algunos funcionarios y miembros de la comunidad.

Homologaciones forzadas y vecindad política

Según la concejala Diago, el UAESP justificó la contratación de Barragán «acomodando» los requisitos de experiencia faltante bajo el argumento de su formación académica. Ella expresó: «Una maestría no puede suplir casi cuatro años de experiencia laboral, pero aquí se están manejando contratos públicos de esta manera.» Estas declaraciones evidencian una preocupación profunda por la falta de integridad y transparencia en el proceso de adjudicación de contratos públicos.

Más alarmante aún, Diago indica que esta situación no es un caso aislado. En ocasiones previas, la concejala ha denunciado irregularidades similares en relación a otros contratistas, incluyendo a Isabel Camacho, quien supuestamente tiene vínculos cercanos con el director Consuelo Ordóñez. En el caso de Camacho, quien habría sido asistente de Ordóñez durante una campaña política, su contratación se realizó a pesar de que sus funciones no estaban claramente definidas y su experiencia era mínima. Esto sugiere un patrón que podría llevar a malentendidos sobre la ética en el manejo de recursos públicos.

La situación de Daniel Barragán parece seguir la misma línea de favoritismo. De acuerdo con la denuncia, su relación cercana con Ordóñez se remonta a varios años atrás, cuando ambos trabajaron en la gobernación de Santander y juntos en diferentes unidades de distrito. Esta relación de confianza parece haber tenido más peso que el cumplimiento estricto de los requisitos legales necesarios para ser contratado por la UAESP.

Una práctica repetida con impunidad total

Para Diago, estas prácticas reflejan un uso indebido de los recursos públicos, que parecen estar destinados a recompensar favores políticos en lugar de adherirse a principios de meritocracia o transparencia. En sus palabras: «No existe aquí una cadena de contratos destinada a beneficiar a los amigos del director. Y mientras tanto, el alcalde Carlos Fernando Galán se mantiene en silencio, como si esto no fuera un problema.» Esta falta de respuesta ha provocado una creciente preocupación entre los ciudadanos y miembros de la oposición.

El concejal advierte que lo que está ocurriendo en la UAESP no solo pone en entredicho la ética institucional, sino que también compromete gravemente la credibilidad de los procesos contractuales del distrito. Está solicitando una intervención inmediata de las entidades de control pertinentes, así como un reforzamiento de la vigilancia ciudadana sobre la gestión de recursos públicos en la entidad. El contrato en cuestión se estimaría en aproximadamente 200 millones de pesos, y hay una denuncia adicional sobre la falta de requisitos necesarios por parte de funcionarios que también forman parte de este escándalo.

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