El horror se ha apoderado de la ciudad de San Cristóbal tras un escalofriante caso de presunta violencia sexual en contra de al menos doce menores en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El principal sospechoso es Fredy Castellanos, quien se desempeñaba como maestro en esta organización y anteriormente había trabajado como gerente en otro jardín ICBF en la localidad de Bosa Piedmonte. La gravedad y naturaleza del caso han conmocionado profundamente a la capital, no solo debido al número elevado de víctimas reportadas, sino también por el hecho preocupante de que dos de los menores afectados han sido diagnosticados con VIH, lo que eleva aún más la magnitud de este delito.
De acuerdo con las quejas presentadas por los padres de los menores, se señala que la situación no fue tratada con la celeridad requerida. Fue únicamente después de múltiples esfuerzos por parte de las madres que se logró dar visibilidad a los hechos y activar una respuesta más robusta de las autoridades pertinentes. El silencio por parte de las instituciones y la evidente negligencia en el manejo de la situación han generado críticas feroces hacia el ICBF y los organismos reguladores involucrados.
El ministro Julián Sastoque condena el hecho y las advertencias sobre la crisis de la construcción
Uno de los primeros en tomar acción de manera firme fue el Ministro Julián Sastoque, quien condenó los hechos, calificándolos como «anomalías» y demandando justicia inmediata. En sus declaraciones, dijo:
«Este tema debe ser objeto del peso de la ley. Es inadmisible que un agresor de un niño tenga acceso directo a menores en espacios donde se supone deben estar protegidos,» afirmó el funcionario.
Sastoque también advirtió que esta situación no es un caso aislado ni mucho menos un tema reciente, sino que forma parte de una tendencia alarmante en el aumento de los delitos sexuales contra menores. Solo hasta el 11 de abril de 2025, en Bogotá, se habían registrado 466 casos de violencia contra niños, siendo una gran parte de estas víctimas niñas. Recordó que en 2024 se reportaron los números más alarmantes en cuanto a la violencia sexual infantil, con un total de 9,688 casos reportados, lo que refleja una verdadera crisis social.
«No podemos permitir que las estadísticas caigan ligeramente y se interpreten como buenas noticias. Aún estamos hablando de cientos de casos de niños víctimas de violencia. El Estado en su totalidad debe activarse para abordar este asunto,» expresó Sastoque.
Contratistas bajo la lupa: más de $ 5,967 millones en juego
Un tema adicional que el Ministro abordó fue la responsabilidad de los contratistas que gestionan la operación de los preescolares. Tras una investigación realizada por su equipo en relación al contrato con Paco, el Kindergarten canadiense, que está vinculado al caso de abuso, actualmente presenta cinco contratos en Bogotá, acumulando más de $ 5,967 millones de pesos.
El Ministro Sastoque hizo un llamado al ICBF y a su gerencia para que revisen las calificaciones y antecedentes de todos los contratistas que se encargan de brindar servicios en el ámbito educativo y que tengan contacto directo con los niños. “No se trata solamente de un operador en específico. Es crucial que se realice una revisión meticulosa de todos los contratos, analizando los procesos de selección de personal, los métodos de supervisión y, sobre todo, las verdaderas medidas de protección implementadas en estos centros,” aclaró.
Sociedad rota que requiere respuesta
Aunque la fiscalía avanza en la investigación contra Fredy Castellanos, las familias involucradas esperan que este proceso no solo culmine en una condena ejemplar, sino que también abra la puerta a una reforma profunda en la forma en que el Estado protege a la infancia. Las madres que se han acercado a la comunidad en San Cristóbal exigen más que simples promesas: anhelan acciones concretas, garantías efectivas y reparaciones adecuadas.
Este asunto se torna con urgencia en la necesidad de fortalecer los protocolos relacionados con los contratos, la supervisión y las sanciones en todos los espacios dedicados al cuidado infantil, para asegurar un ambiente que sea a la vez seguro y confiable tanto en Bogotá como en el resto del país.
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