Ordenaron dos días de arresto y considerables multas para Adriana Matiz.
La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, ha sido objeto de una sanción que incluye dos días de arresto y una multa correspondiente a dos salarios mínimos legales actuales. Esta decisión ha surgido debido a la interrupción de una custodia que había sido dispuesta por otra instancia de justicia penal municipal, en el contexto de un caso relacionado con el municipio de Chaparral. La resolución judicial fue el resultado de una demanda presentada por Diana Milena Muñoz Orjuela, quien había solicitado apoyo relacionado con el Instituto Educativo La Rizalda. Este requerimiento estaba orientado a garantizar el transporte adecuado al área urbana de Chaparral, con el fin de proteger los derechos fundamentales de su familia.
Trasladarse
La orden original emitida el 20 de marzo contemplaba el traslado de un maestro para facilitar el acceso a atención médica urgente para su hija menor, quien padece enfermedades crónicas, así como para asegurar la continuidad educativa de su hija mayor. Sin embargo, en un giro sorpresivo, el gobierno de Tolima decidió trasladar al maestro a la sede del IE Simón Bolívar, ubicada en la Marina Corregimiento, una zona rural que presenta condiciones igualmente desfavorables.
El juez Álvaro Hernán Piedrahi Grajales determinó que la decisión gubernamental no estaba alineada con las directrices establecidas por la Corte. En su fallo, el juez enfatizó que la nueva ubicación tampoco garantizaba un acceso rápido y eficiente a servicios médicos o a la educación necesaria. De hecho, el Centro Médico más cercano, que es el Hospital San Juan Bautista, se encuentra en el área urbana de Chaparral, y resulta prácticamente inaccesible desde la Marina en situaciones de emergencia.
Declaración
Gerroán Huartos, abogado del equipo legal de Sutet Simatol, celebró la decisión del juicio y subrayó que este caso sigue la línea de otros procesos similares en curso. «El bufete de abogados está comprometido en continuar apoyando a los asociados en sus reclamos. Este fallo sirve como una advertencia para la junta», afirmó Huartos.
Además, el abogado condenó otro incidente en el que el Ministro de Educación de Tolima, Andrés Felipe Bedoya Cárdenas, fue sentenciado a un arresto de cinco días por no cumplir con la protección adecuada hacia los maestros embarazados, lo que representa una falta grave en el cumplimiento de sus obligaciones.
Credibilidad
El fallo también requiere que se envíe una copia a la oficina del Ministro de Justicia, donde será revisado en relación con los casos penales del Circuito de Chaparral. El juez reiteró la necesidad de ejecutar la sentencia de protección sin dilaciones, advirtiendo: «En cuanto a los derechos fundamentales, la sanción debe ser drástica para evitar que se repita esta situación».
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