La oficina del Fiscal General ha llevado a cabo una acusación formal contra el ex gobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez Bernier, en relación con graves delitos de contratación que se llevaron a cabo sin cumplir los requisitos legales establecidos. Esta acusación es un reflejo de las serias irregularidades que se produjeron durante su gestión en el periodo comprendido entre 2008 y 2011. Las investigaciones apuntan a un contrato específico vinculado al Plan de Agua del Departamento, cuyo valor asciende a unos impresionantes 130 millones de dólares. De esa suma, aproximadamente 90 millones se obtendrían a través de un préstamo otorgado por el Banco Mundial, mientras que 40 millones corresponderían a recursos provenientes de fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura y servicios.
Uno de los aspectos fundamentales para que el desembolso de estos fondos se llevara a cabo de manera legítima y conforme a la normativa fue que la Gobernación de La Guajira debía adherirse a un proceso contractual específico, siguiendo al pie de la letra las directrices estipuladas por la entidad financiera internacional involucrada. Esto incluía la recepción de dos cartas cruciales: una que confirmara la aprobación de las especificaciones del proyecto y otra que sirviera como no objeción para proceder con la firma del contrato correspondiente. Sin embargo, se ha señalado que el gobierno no logró obtener el respaldo necesario para llevar a cabo la contratación de acuerdo a lo requerido.
A pesar de esta falta de respaldo, se documenta que Pérez Bernier dio órdenes a su administración para que continuaran con el proceso, extendiendo la instrucción de que los recursos provenientes de regalías se utilizaran para garantizar la asignación del presupuesto necesario. En este contexto, se formalizó el contrato número 295 el 30 de diciembre de 2010, por un monto total de 5,786 millones de pesos, destinado a la mejora de las secciones de alcantarillado sanitario en el vecindario de Arriba Riohacha, ubicado en La Guajira.
Es importante señalar que el contrato mencionado anteriormente estaba completamente financiado mediante recursos públicos, lo que implica que se debía gestionar conforme a los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993, que regula la contratación general de la administración pública. Esto incluye la obligación de llevar a cabo una licitación pública y elaborar un análisis de conveniencia y oportunidad, así como la evaluación de costos, entre otros aspectos cruciales. No obstante, el proceso seguido por la administración de Pérez Bernier no se alineó con las pautas del Banco Mundial, ya que esta agencia internacional nunca otorgó una autorización definitiva para financiar iniciativas que estuvieran directamente relacionadas con el Plan de Agua del departamento.
Desde la perspectiva de la entidad investigadora, es evidente que Pérez Bernier no habría cumplido con los niveles de supervisión y control necesarios para gestionar adecuadamente el proyecto, lo que agrava aún más la situación. Se espera que este caso avance en el sistema judicial, dado el impacto significativo que puede tener en la gestión pública y en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones.
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