El gobierno encabezado por Gustavo Petro ha tomado la decisión de suspender las operaciones militares contra las facciones disidentes del Estado Mayor Central (EMC) del grupo guerrillero FARC, que es dirigido, entre otros, por Alexánder Mendoza, conocido popularmente como ‘Calarcá’. Esta medida ha levantado múltiples reacciones en distintos sectores de la sociedad y del ámbito político colombiano.
En un comunicado emitido por la presidencia, se ha señalado que esta suspensión tiene como objetivo primordial «establecer las condiciones necesarias para que el resto de los integrantes de los grupos armados puedan avanzar hacia una fase más avanzada del proceso de paz que se ha impulsado en el país». Se enfatiza la importancia de esta decisión en el marco de la búsqueda de una paz duradera y sostenible que reconcilie a Colombia con su historia de conflicto armado.
Además, la declaración del gobierno establece que esta acción contribuirá «a la ejecución de transformaciones territoriales», lo que facilitará la producción agrícola en zonas como Caquetá y la región de Catatumbo. Se busca, en este sentido, revitalizar la jungla amazónica y fomentar una transición hacia economías legales, en colaboración con los miembros del grupo armado que están en proceso de reintegrarse a la vida civil. Este enfoque resuena con el deseo del gobierno de Petro de proporcionar alternativas sustentables y productivas en áreas que históricamente han sido afectadas por la violencia y el narcotráfico.
El decreto correspondiente ha sido firmado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y tendrá validez hasta el 18 de mayo. Uno de los componentes clave de este decreto es la implementación de un mecanismo de comunicación que servirá «para evitar incidentes entre las partes», así como la formación de un equipo encargado de evaluar la situación política que derive de esta decisión gubernamental.
En paralelo a esta medida, el gobierno colombiano también decidió no extender el cese al fuego dirigido a las fuerzas de los bloques y el frente (EMBF), que está compuesto por los bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio Gentil Duarte, y el Frente Raúl Reyes, que es liderado, entre otros, por Eduardo García Téllez, conocido como ‘Andrey’, y Yeison Alexis Ojeda, popularmente apodado ‘Alvizú’.
Colombia actualmente mantiene abiertos numerosos procesos de paz que se encuentran en distintas fases de desarrollo y se han dado esfuerzos de diálogo también con otras disidencias, como la Segunda Marquetalia, así como negociaciones que permanecen congeladas con el Ejército Nacional de Liberación (ELN). Este panorama complejo revela los múltiples intentos por lograr una solución pacífica al prolongado conflicto que ha afectado al país.
No todos están de acuerdo con la decisión gubernamental
La decisión de suspender las operaciones militares ha generado reacciones políticas contrarias, como la del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien ha calificado esta determinación como un globo peligroso y engañoso. También el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, se manifestó abiertamente en desacuerdo, expresando que «esta es una noticia desastrosa porque los principales actores armados, que están detrás de niveles de extorsión sin precedentes en el Departamento de Caquetá, están bajo el mando de los alias ‘Calarcá’ y ‘Urías Perdomo’, e incluso se menciona a la compañera sentimental de ‘Calarcá’, conocida como ‘Erika’.»
Por otro lado, el gobernador de Meta, Rafaela Cortés, ha expresado su preocupación por las posibles implicaciones de esta decisión y ha señalado la esperanza de que no se traduzca en un aumento de la violencia en su región. Esta incertidumbre se refleja en el sentir de diversos líderes regionales que temen un efecto colateral negativo en la seguridad y en la paz local.
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