Recientemente, la justicia colombiana presenció un momento significativo que marca un hito en la lucha contra la violencia de género, con la sentencia de 58 años y tres meses de prisión que se impuso a Brayan Campo por el trágico feminicidio de Sofía Delgado, una niña de apenas 12 años, quien fue asesinada de manera brutal el pasado 29 de septiembre en el municipio de Candelaria, Valle Del Cauca.
Esta condena se considera una de las más severas que se han dictado en Colombia para este tipo de delito, y estamos seguros de que se convertirá en un símbolo a nivel nacional en la lucha contra la violencia hacia los menores, un crimen que, lamentablemente, está profundamente arraigado en la sociedad colombiana.
La sentencia puede traer un alivio a quienes anhelan justicia, ya que es probable que el condenado muera en prisión. Sin embargo, para los colombianos existe un sabor agridulce al pensar que este horrible caso de homicidio podría haberse evitado, dado que Brayan Campo ya había sido condenado anteriormente a 10 años de cárcel por el abuso sexual de otro menor.
La pregunta que todos nos hacemos es cómo es posible que una persona con un historial delictivo tan alarmante haya podido recuperar la libertad, solo para ser nuevamente el perpetrador de un acto de abuso sexual y, lo que es aún más atroz, un asesinato. La satisfacción de ver que la justicia ha actuado en este caso contrasta con el dolor y la indignación de que situaciones similares continúen ocurriendo.
Si bien celebramos que el asesinato de Sofía no quede en la impunidad, exclamamos con fuerza que se debe examinar con mayor rigor toda la estructura judicial relacionada con los crímenes contra menores. La justicia debe no solo castigar a los culpables, sino también revisar por qué individuos con antecedentes tan peligrosos pueden estar en la sociedad.
Es fundamental que tras esta sentencia histórica de 58 años se implemente un trabajo efectivo en la formulación de políticas integrales que prevengan y atiendan los episodios de violencia que afectan a tantos en nuestro país, en especial a mujeres y niños, quienes son los más vulnerables.
El doloroso caso de Sofía Delgado generó una conmoción amplia en Colombia y la condena emitida fue esperada por la población. No obstante, es crucial aprovechar este momento para que el gobierno nacional y las entidades encargadas de la justicia tomen acciones concertadas que se enfoquen en la prevención de abusos sexuales y crímenes similares, así como en el monitoreo de individuos que han sido identificados como potencialmente peligrosos.
Las estadísticas difundidas por medicina legal en el país son alarmantes, revelando que, en promedio, cada día al menos una mujer es víctima de feminicidio o un intento del mismo. Esta realidad presenta un panorama sombrío sobre la seguridad de las mujeres y los menores en Colombia.
Por consiguiente, el asesinato de Sofía Delgado y la consecuente condena a su asesino deben establecer un precedente que evite que estas trágicas estadísticas continúen persiguiendo a la sociedad colombiana.
No podemos ignorar que se cometieron errores en el manejo del caso de Brayan Campo, y por ello se justifica la crítica hacia la justicia, que permitió que un conocido abusador sexual permaneciera libre, quien aprovechó esta circunstancia para llevar a cabo un asesinato horrible. Este error debería servir como una lección para prevenir futuros horrores que afectan a nuestras mujeres y niños, y que se implementen medidas que realmente protejan a los más vulnerables.
