El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha hecho una propuesta sorprendente que ha captado la atención tanto de los medios internacionales como de los gobiernos de América Latina. En una reciente declaración, Bukele sugirió la posibilidad de un intercambio de prisioneros con Venezuela. Según su propuesta, estaría dispuesto a repatriar a cientos de venezolanos que han sido deportados por los Estados Unidos a cambio de lo que él denomina «prisioneros políticos», a quienes Venezuela tiene bajo custodia.
En su publicación en la plataforma X, Bukele ofreció un intercambio específico de 252 venezolanos que se encuentran actualmente detenidos en el Megacárcel de El Salvador. Su oferta implica que por cada uno de estos detenidos, podría recibir un número idéntico de 252 prisioneros políticos, los cuales, según afirma, son miles en el país sudamericano. Enumera a estos prisioneros políticos como aquellos que incluyen familiares de destacados líderes de la oposición en Venezuela, quienes han sido objeto de detenciones por su disidencia contra el régimen.
El presidente Bukele argumentó: «A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido diferentes tipos de violaciones, y algunos incluso habían sido arrestados varias veces antes de ser deportados, sus prisioneros políticos no han cometido ningún delito». Esta declaración fue dirigida directamente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agregando que la única razón por la cual estas personas se encuentran encarceladas es su oposición al “fraude electoral” que, según Bukele, caracteriza el gobierno de Maduro.
Tanto Estados Unidos como El Salvador han sostenido durante un tiempo que un porcentaje importante de los deportados que están en la prisión de Cecot, situada en El Salvador, son miembros de la pandilla venezolana Aragua, así como algunas de las más notorias pandillas en El Salvador como la MS-13. Sin embargo, es importante señalar que las autoridades de El Salvador han proporcionado muy pocas evidencias que demuestren que estas personas tienen vínculos concretos con dichos grupos criminales, lo que ha provocado mucha controversia y desconfianza sobre la veracidad de estas afirmaciones.
Por otra parte, el líder venezolano, Nicolás Maduro, ha descrito la deportación de estos migrantes, que en su mayoría son venezolanos, como un acto de «secuestro». Maduro ha sostenido firmemente que estas personas no son criminales y ha expresado su apoyo a las demandas para el regreso de estos ciudadanos a su país. La tensión entre ambos países, como se puede ver, no solo se encuentra en el ámbito económico y social, sino que también se extiende a la cuestión de los derechos humanos y la justicia, temas que continúan siendo objeto de debate en la región.
