«Considerando que los recursos presupuestarios destinados a la validez futura enfrentan desconfianza, no es legalmente posible asignarlos a otros sectores ni utilizarlos de otra manera, como ha planteado el gobierno.«
Esta declaración fue emitida por la Cámara de Infraestructura Colombiana (CCI) en respuesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro. En su intervención del lunes por la noche, el presidente abrió la puerta a la posibilidad de que se utilicen las concesiones 4G que no están avanzando para solventar la ayuda de emergencia necesaria debido a la fiebre amarilla.
En un análisis exhaustivo de ocho puntos, la CCI no solo argumenta por qué esta propuesta no es sostenible en las actuales circunstancias, sino que también sugiere qué mecanismos legales podrían ser empleados para que el ejecutivo lleve a cabo dicha propuesta. Mencionan, por ejemplo, que aquellos proyectos que no puedan iniciarse o finalizarse por razones ajenas al contrato podrían ser resueltos mediante acuerdos mutuos que liberaran recursos disponibles en la validez futura.
«Solamente tres proyectos no pudieron comenzar o concluir debido a razones ajenas al contratista, específicamente por la falta de aprobación ambiental oportuna por parte del gobierno nacional, un hecho que fue debidamente reconocido por el tribunal arbitral,» advierte la CCI.
El gremio destaca iniciativas como el perímetro este de Bogotá y la conexión Bucaramanga – Pamplona, así como el proyecto Mulaló – Loboguerrero, donde es posible que el gobierno nacional se acerque «a la concesión para que reconozcan los valores actuales de la construcción de proyectos», añaden.
El presidente de la CPI, Juan Martín Caicedo, en el Congreso Anual del Niño.
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Mulaló – Loboguerrero
En cuanto al proyecto de Mulaló-Loboguerrero, la CCI menciona un punto especial sobre la situación actual del proyecto liderado por el concesionario, indicando que «no es cierto que el concesionario deba al Estado mil millones ochocientos mil millones de pesos.»
Asimismo, se explica que toda la decisión futura sobre la ejecución de este proyecto equivale a 1,800 millones de pesos, recursos que han sido asignados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y no por la concesión misma. Hasta la fecha no se ha realizado el uso de estos recursos, y la CCI insiste en que el concesionario no tiene una deuda, subrayando que «ni el concesionario ha cometido alguna falta, ni es posible utilizar los recursos, ya que esta decisión de uso corresponde únicamente al gobierno nacional,» que debe definir entre realizar trabajos a precios actuales o liquidar el contrato.
Validez futura, puntos clave
En su comunicación, la CCI defiende el uso de la figura de validez futura como un mecanismo crucial para la ejecución de los grandes proyectos de infraestructura que el país necesita. Critican la administración del presidente Gustavo Petro, señalando que según había utilizado en su primer proyecto de infraestructura (Golden-Chiriguaná), ahora debe volver a utilizarlo, respetando las obligaciones adquiridas hacia los ciudadanos del sur del país, especialmente en relación a la construcción de la vía Pasto-Popayán.
Unidad funcional 2
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Desde la CCI, han enfatizado que «los recursos públicos, una vez en la fiduciaria, cumplen con la función de financiar las obras construidas por los concesionarios y se entregan bajo la supervisión del Estado. Esto implica que la financiación proveniente de la validez futura está respaldada por aportaciones de capital privado.» Se resalta que «todos los proyectos de concesión, tanto de cuarta como de quinta generación, están cumpliendo rigurosamente con sus obligaciones y actividades, sin que se haya llevado a cabo alguna infracción.»
Un análisis reciente de los estudios económicos disponibles señala que el modelo de validez futura permitió evitar que los recursos estatales se agotaran en proyectos a largo plazo, favoreciendo la inversión privada. Sin embargo, la efectividad de este sistema se ve amenazada por decisiones como la congelación en la recaudación del peaje en el año 2023, y la actual incertidumbre en la ejecución del presupuesto que ha paralizado el avance de grandes obras.
Este análisis también advierte que la validez futura de Invías y la ANI representan más del 50% de su presupuesto general, destacando que este sistema de fragilidad comienza a acumular una crisis, ya que «el total de la inversión asciende a más de mil millones de pesos, afectando a 57 proyectos de interés nacional.»
