La larga espera de las comunidades indígenas y de las particulares sociedades que dependen de los tuqueros ha llegado a un desenlace doloroso tras la carencia de una infraestructura de salud adecuada. Después de casi una década repleta de promesas sin cumplir y proyectos inconclusos en Ipaine y Yascual, el gobierno local finalmente anunció el lanzamiento del IPS indígena Julián Carlosama. Esta decisión, que tiene un respaldo formal en la legislación del 22 de abril de 2025, ha sembrado inquietudes sobre el acceso a la salud y el futuro de las inversiones que se realizaron desde el año 2015, como afirmó el ministro Alex Lima.
Lima señaló que la construcción de la nueva sede para el IPS Julián Carlosama, aunque representa una luz de esperanza para las comunidades de los Túquerres, ha estado marcada por una serie de problemas que han obstaculizado su progreso desde que se inició la iniciativa del proyecto. A pesar de que el anuncio puede parecer prometedor, la realidad es que un año después de su concepción, los desafíos continúan acumulándose.
El ministro agregó que las autorizaciones emitidas por el gobierno local indican que, después de haber completado todos los requisitos legales necesarios para continuar con el contrato establecido con los constructores, la única opción que quedaba era iniciar el proceso de terminación unilateral, acompañando esta decisión con los cargos correspondientes.
Según lo descrito por fuentes involucradas en este proceso, la división se desarrollará en varias etapas. En una fase inicial, se convocará a expertos en cada área para que realicen una evaluación detallada de las condiciones actuales. Posteriormente, las partes interesadas deberán ser invitadas para discutir y acordar, en base a una tarifa, un acuerdo mutuo que permita avanzar.
Una vez que se complete el proceso de intercambio, la Agencia Administrativa tendrá la responsabilidad de informar a los reguladores pertinentes, incluyendo a la Regalía General (SGR), que fue la principal fuente de financiación del proyecto. Esta comunicación nos llevará a la necesidad urgente de iniciar una investigación adecuada sobre las irregularidades encontradas.
Las inquietudes acerca de quién es responsable del fracaso de esta iniciativa y el futuro de los edificios que han quedado en el abandono resuenan en la comunidad. La pregunta sobre quién asumirá la responsabilidad por el dinero público que se ha invertido durante todos estos años no ha encontrado respuesta. Además, hay un debate sobre qué utilidad se podría otorgar a estas infraestructuras a medio terminar, que en su momento eran consideradas un símbolo de esperanza y que hoy se han transformado en un recordatorio de expectativas no cumplidas. Estas interrogantes permanecen sin respuestas claras y han mantenido a los residentes de Túquerres en un estado de incertidumbre y tensión constante, a la espera de un cambio que parece tardar en llegar.
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