El Presidencial Extencial para las Regiones, Sandra Ortiz, que actualmente está bajo investigación por uno de los casos más grandes de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Desconocido), ha compartido información significativa con la Fiscalía. En sus declaraciones anteriores, proporcionó detalles sobre los enfoques que utilizó el congresista Nombre Iván en relación a este escándalo.
Ortiz ha emergido como una figura estratégica en el contexto de una queja grave de corrupción que involucra a altos funcionarios del Gobierno presidido por Gustavo Petro. Su proceso de colaboración con la oficina del fiscal incluye la revelación de una supuesta estrategia corrupta que habría sido orquestada por la Casa de Nariño con el objetivo de influir en las decisiones del Congreso, particularmente en el Senado, donde Nombre ocupa la presidencia.
De acuerdo con su testimonio, el Gobierno habría estado entregando sobornos millonarios a Nombre para conseguir la elección de Vladimir Fernández como magistrado del Tribunal Constitucional y facilitar la aprobación de reformas legislativas importantes. Ortiz afirmó que la financiación provenía de Desbordante, y mencionó que fue ella quien efectuó dos pagos de 1,500 millones de pesos cada uno los días 12 y 13 de octubre de 2023 en la ciudad de Bogotá.
En una revelación adicional, confesó que organizó un desayuno en la oficina de Iván el 13 de octubre, en el que participaron Fernández y Carlos Ramón González, quien posteriormente se desempeñó como director del Dapre. Durante esta reunión, Ortiz también solicitó un principio de oportunidad que le garantizaría inmunidad total a cambio de su colaboración sobre delitos de influencias y lavado de dinero. Este acuerdo implicaría proporcionar evidencia para incriminar a Batata, González y Fernández. Además, sus chats de WhatsApp han evidenciado una trama de corrupción a nivel gubernamental.
El contexto de estas acusaciones no solo revela la amplitud de la corrupción en las esferas más altas del poder, sino también la complejidad del entramado en el que se mueven figuras influyentes dentro del Gobierno. A medida que la investigación avanza, la atención se centra en cómo estas revelaciones afectarán la estabilidad del actual gobierno de Gustavo Petro y la credibilidad del Congreso. Los ciudadanos exigen respuestas y acciones concretas para erradicar la corrupción que ha afectado profundamente las estructuras del estado.
