Como se había anunciado previamente, el proyecto de regulación busca establecer un nuevo marco para las tasas energéticas en el país, alineándose con los comentarios y preocupaciones expresados por el mercado. En palabras de Edwin Palma de Mina, esta iniciativa representa una medida destinada a aliviar la carga económica sobre los hogares, abarcan todas las capas de la sociedad.
«Con esta medida, existe la expectativa de que en períodos de sequía, donde la energía tiende a ser más costosa, se podría reducir su precio entre 20 y 120 pesos por cada kilovatio hora, dependiendo de la severidad de la sequía y del comportamiento del precio en la bolsa de valores,» explicó el funcionario. Este tipo de ajustes se considera crucial para promover una mayor estabilidad en el sector energético.
Según lo informado por el Ministerio de Energía, los interesados pueden consultar más detalles sobre la regulación a través de ww.minenergia.gov.co, en el «Foro al Servicio de Ciudadanos». Además, aquellos que deseen expresar sus opiniones tendrán un período de 15 días para ello, que concluirá el 13 de mayo de 2025.
La iniciativa que está ahora en discusión surge de comentarios recolectados durante la primera consulta, que fue adoptada a finales de 2024. Durante este tiempo, se realizaron espacios para la socialización y el diálogo con diversos actores del sector, así como con gremios y ciudadanos en general, para abordar las inquietudes y sugerencias que surgieron.
No obstante, el documento advierte que la medida se emite con base en el hecho de que las compañías generadoras de energía no aceptaron la resolución Creg 101 066 de 2024, que buscaba reducir precios. Esta situación ha llevado a un contexto de incertidumbre y debate entre las distintas partes implicadas en el sector energético.
Pese a que el gobierno nacional asegura que el objetivo de esta medida es la reducción de tarifas, muchos representantes de distintos gremios del sector han manifestado su preocupación, reiterando que esta regulación podría llevar a un aumento en el costo del servicio, especialmente para las familias más vulnerables.
Desde la Junta Intergremial, así como de entidades como Acolgén, Andeg, Asocodis, Naturgás, Colombia y ACP, se señala que limitar las ventas de energía a un máximo del 5 por ciento en la interrupción del terminal de intercambio externo compromete la confiabilidad del suministro y el principio constitucional sobre la libertad de las compañías, lo que podría resultar en un rechazo más generalizado a estas medidas.
Los gremios advierten sobre el impacto en el servicio de energía debido a esta regulación.
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Medida insostenible
Sin embargo, el gobierno sostiene una postura contraria. «Con esta regulación, se facilitará el acceso a servicios más estables y competitivos, incluso durante períodos de sequía, gracias a un enfoque que promueve la sostenibilidad en la generación de energía,» menciona el ministerio en el decreto del apéndice, reforzando su argumento sobre la viabilidad económica de la propuesta.
Además, se explica que las empresas generadoras de energía hidráulica deben vender al menos el 95 por ciento de su energia a un precio estable a través de contratos. Con este enfoque, se espera que los usuarios de la región del Caribe puedan experimentar una estabilización en el costo de electricidad, ya que los precios actuales oscilan entre 700 y 1.200 pesos, dependiendo de las condiciones climáticas y otros factores externos.
El borrador del decreto destaca que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CRG) será fortalecida, y una vez que se emita el decreto, tendrá la responsabilidad de diseñar y promulgar la regulación, garantizando la confiabilidad y estabilidad de las tarifas energéticas.
Finalmente, el jefe del Ministerio de Energía subrayó que esta regulación fortalecerá la política energética colombiana, beneficiando a los usuarios que han sufrido debido a los altos costos de este servicio, y al mismo tiempo asegurando la sostenibilidad ambiental en el contexto de la transición energética.
Expertos en el ámbito energético coinciden en que esta medida podría resultar insostenible, ya que contraviene dos principios esenciales del mercado: la suficiencia financiera, que garantiza que las tarifas no lleven a la quiebra a las empresas, y los costos efectivos, lo que evita que los generadores transfieran sus ineficiencias económicas a los consumidores.
Sergio Cabralas, ingeniero industrial y profesor en la Universidad de Anda, comentó que esta medida podría generar efectos adversos, dado que los generadores estarán obligados a emplear el 95 por ciento de su energía a un precio que se establecerá conforme a este reglamento. Este contexto crea interrogantes sobre la efectividad y viabilidad a largo plazo de la regulación propuesta.
