Carlos Ramón González, quien fue director de la Administración Presidencial (DAPRE), se enfrenta ahora a serias acusaciones que lo obligan a rendir cuentas ante la justicia. La oficina del fiscal ha solicitado formalmente un informe y ha declarado que busca tranquilidad en este caso. El proceso judicial se llevará a cabo en Bogotá, y si las pruebas son suficientes, Carlos Ramón González podría enfrentar cargos de corrupción que incluyen una serie de delitos muy graves.
Los cargos en su contra giran en torno a tres delitos principales: soborno para dar u ofrecer, Accidente cerebrovascular al presupuesto para terceros y lavado de dinero. Estas acusaciones lo describen como una figura clave en un esquema que se considera dañino para la unidad nacional, específicamente para el control de desastres a través de la unidad UNGRD.
La evidencia presentada por la fiscalía sostiene que González está directamente vinculado a pagos de sobornos millonarios destinados a ciertos parlamentarios. El objetivo de estos pagos habría sido asegurar que se obtuvieran votos favorables para la reforma social del gobierno de Gustavo Petro. Este entramado pone de manifiesto la complejidad y seriedad de las acusaciones que se le imputan.
Soborno para mejorar: los millones que habrían salido de Agrd
De acuerdo con los testimonios proporcionados por Olmedo López y Sneyder Pinilla, González habría estado al mando de la dirección de recursos públicos. Se afirma que entre septiembre y octubre de 2023, realizó entregas en efectivo de 3,000 millones de pesos a Iván y 1,000 millones para Andrés Calle. Estos números son alarmantes y sugieren una clara corrupción dentro de las filas gubernamentales.
El dinero parecía haber salido en efectivo tras varias reuniones clandestinas, cual fue lo que indica la investigación en curso. Estas reuniones tendrían lugar en apartamentos privados localizados en Bogotá y Montería. La finalidad de estas sesiones era asegurar la colaboración del ex presidente del Parlamento en el programa legislativo de la Comisión, lo que subraya la magnitud del entramado de corrupción.
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Adicionalmente, se ha mencionado la participación de Sandra Ortiz, quien era practicante en la presidencia y actuó como intermediaria en estas actividades. Su cooperación con la justicia podría complicar aún más la situación de González, dado que la presión sobre él podría intensificarse con su testimonio.
González dejó el país y pidió asilo; Carlos Ramón González tendrá un cargo por la corrupción si el caso así lo determina
Durante el transcurso de estas investigaciones, González decidió abandonar el país. Algunas informaciones indican que habría solicitado asilo político en España. Su abogado, Iván Cancino, justifica su viaje alegando razones personales y la necesidad de descanso. Sin embargo, hay un aire de suspicacia alrededor de su partida.
Su salida coincidió con un movimiento inesperado: la renuncia de su esposa, Luz Dana Leal, del Seine, lo que alimenta aún más las dudas sobre sus intenciones de eludir la justicia. Actualmente, la oficina del fiscal ha dejado claro que González deberá responder ante los tribunales de manera inminente, dado el serio impacto de este escándalo en la política colombiana.
El problema del Agrd ya comienza a salpicar a varios funcionarios cercanos a Gustavo Petro. La lista de personas acusadas continúa en aumento, y la presión pública exige acciones claras y contundentes. Sin duda, la justicia tiene la responsabilidad de actuar con rapidez y determinación para abordar las denuncias que han surgido.
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