A cuatro meses de ser inaugurado con la presencia del presidente Gustavo Petro, el llamado colegio-universidad El Tarra, en Norte de Santander, permanece cerrado y sin recibir estudiantes por la ausencia de servicios públicos básicos como agua potable, alcantarillado y electricidad.
La obra, presentada como una apuesta clave para transformar la educación en el Catatumbo -una de las regiones más afectadas por el conflicto armado-, hoy se ha convertido en un símbolo de improvisación institucional, fallas de planificación y disputas entre entidades públicas.
Un proyecto ambicioso que no despega
El complejo educativo fue inaugurado el 3 de diciembre de 2025 en el municipio de El Tarra, con la promesa de integrar la educación básica, secundaria y superior en un mismo espacio. Según el Gobierno, se beneficiaría alrededor de 391 estudiantes universitarios y 220 jóvenes en programas técnicos y profesionales.
La infraestructura, financiada por el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), implicó una inversión de aproximadamente 8,380 millones de pesos y fue construido en un plazo de siete meses.
Sin embargo, a pesar de estar finalizado físicamente, nunca entró en funcionamiento.
La raíz del problema: sin agua, electricidad ni alcantarillado
El principal obstáculo ha sido la falta de servicios públicos esenciales. Si bien la empresa de servicios públicos local había asegurado inicialmente la disponibilidad de agua y alcantarillado, luego se retractó al confirmar que la zona no tenía cobertura.
Pese a esta advertencia, el proyecto continuó su ejecución, se otorgó la licencia de construcción y finalmente se inauguró sin que se resolvieran estos problemas.
En este momento:
- Aún no hay agua potable disponibley las obras del acueducto aún continúan.
- La conexión eléctrica está en proceso.pero no se ha completado.
- El sistema de alcantarillado tampoco está habilitado..
Las autoridades estiman que, en el mejor de los casos, el colegio podría contar con servicios hasta mayo de 2026.
Irregularidades y decisiones cuestionadas
El caso ha revelado una cadena de decisiones controvertidas:
- Se otorgó licencia de construcción a pesar de que no existían las condiciones básicas para operar.
- La FFIE decidió continuar los trabajos para evitar indemnizaciones al contratista.
- La solución del acueducto comenzó a gestionarse meses después de iniciada la construcción.
Además, alternativas como la construcción de un pozo o una planta de tratamiento han enfrentado obstáculos técnicos y regulatorios.
Cruce de responsabilidades
El caso ha dado lugar a un choque de acusaciones entre las partes implicadas:
- El Gobierno Nacional señala a la Alcaldía por no garantizar servicios.
- Alcaldía cuestiona a contratista por la ejecución del proyecto.
- El contratista afirma que recibió un lote en condiciones supuestamente garantizadas.
Por su parte, observadores ciudadanos aseguran que la principal responsabilidad recae en la administración municipal, pues es la encargada de velar por la prestación de los servicios públicos.
Los más afectados: los estudiantes
Mientras las entidades discuten responsabilidades, las principales víctimas son los estudiantes.
Al menos 200 jóvenes matriculados en programas técnicos No han podido iniciar sus clases en el nuevo campus y han tenido que ser reubicados temporalmente en otras instituciones, algunas incluso en obras de ampliación.
Además, el instituto que gestionará el centro educativo no ha podido invertir los recursos asignados para mobiliario y equipamiento, debido a que el edificio no se encuentra en funcionamiento.
Impacto en la política educativa
Este caso pone en duda uno de los pilares del gobierno de Petro: la ampliación del acceso a la educación superior en regiones históricamente excluidas.
El colegio-universidad El Tarra fue parte de una estrategia más amplia para llevar la educación a zonas afectadas por la violencia, incluida la futura Universidad del Catatumbo. Sin embargo, los retrasos y errores en la ejecución plantean dudas sobre la viabilidad de estos proyectos.
