La más reciente actualización legislativa en Colombia propone una alternativa legal que busca ofrecer alivio a los ciudadanos que se encuentran lidiando con problemas financieros. Se trata de una ley sobre insolvencia dirigida a individuos que no son comerciantes, una herramienta legal que permite a los ciudadanos colombianos transferir sus deudas a un marco regulado y, a la vez, evitar acciones judiciales como embargos y otras consecuencias adversas relacionadas con informes negativos de crédito que pueden surgir en la antesala de los intercambios de riesgos financieros.
El contexto legal que da sustento a esta figura jurídica se encuentra arraigado en el Código General del Proceso, específicamente en la Ley 1564 de 2012, la cual fue reforzada recientemente con la entrada en vigor de la Ley 2445 de 2025. Esta actualización no solo amplía el alcance de la normativa, sino que también proporciona ventajas significativas en el procedimiento de insolvencia. Según los expertos en derecho, aunque este recurso es poco conocido, se ha demostrado ser una herramienta sumamente eficaz para quienes atraviesan una crisis económica de carácter personal.
La ley permite a los individuos gestionar sus deudas de manera ordenada y bajo supervisión legal, alejándose de prácticas informales o arriesgadas que podrían poner en peligro aún más su estabilidad financiera. Tal como lo señala Estupiño, docente en la Universidad del Área Andina, la regulación resulta crucial para ofrecer una segunda oportunidad financiera a quienes se encuentran en una situación difícil.
«La Ley de Insolvencia proporciona una segunda oportunidad a aquellos que no han podido cumplir con sus obligaciones por diversas razones. Es una norma que facilita la resolución de deudas sin que las personas se vean obligadas a recurrir a métodos informales o ilegales que solo pueden agravar aún más su situación financiera», explica Estupiño.
Una de las reformas incluidas en la Ley 2445 de 2025 permite que microempresarios y pequeños comerciantes también puedan beneficiarse de este mecanismo, siempre que sus deudas no excedan el equivalente a 1,000 salarios mínimos mensuales (SMMLV). Sin embargo, la ley protege ciertos activos esenciales, como la vivienda familiar y los vehículos de trabajo, de manera que se preserven las necesidades básicas del deudor.
Datacrédito recopila toda la información reportada por las fuentes. Foto:Izock
¿Quién puede beneficiarse de esta ley?
Para poder acceder a este procedimiento, el solicitante deberá cumplir con ciertos requisitos, que incluyen:
- Tener deudas con al menos dos acreedores distintos.
- Estar en mora de pago durante al menos 90 días.
- Tener al menos dos procesos de cobranza judicial en curso.
- No haber utilizado esta ley en los últimos seis años.
- Tener deudas que representen al menos el 30% de las obligaciones totales.
Este proceso puede llevarse a cabo a través de centros de conciliación autorizados o ante un notario público, dependiendo del monto total de la obligación en cuestión. La solicitud debe incluir una propuesta de pago sostenible y toda la información financiera del solicitante, que abarque factores como la situación de cuentas, el certificado de ingresos, un resumen de la lista de créditos, así como detalles sobre activos y pasivos, y cualquier proceso judicial relacionado.
Una vez que la solicitud es reconocida por la autoridad competente, se activan de inmediato ciertas medidas que protegen al deudor de acciones legales de cobro, que incluyen:
- Suspensión de embargos existentes.
- Parálisis de los procesos judiciales actuales relacionados con las deudas.
- Congelación de valores en mora.
- Terminación de informes negativos en centrales de riesgo.
Estas provisiones le otorgan a los ciudadanos un espacio fundamental para reestructurar sus finanzas sin estar constantemente expuestos a cargos, llamadas o avisos judiciales, que añaden presión a su situación.
Deudas Foto:Izock
Una vez que el proceso ha sido iniciado, se convoca a los acreedores a una audiencia. El principal objetivo de esta audiencia es lograr un acuerdo voluntario que sea acorde a la capacidad de pago del deudor. Si las partes logran llegar a un consenso, el plan de pago resultante se convierte en un acuerdo que es legalmente vinculante.
En caso de que no se llegue a un acuerdo durante la conciliación, la ley también contempla la posibilidad de iniciar un procedimiento de liquidación patrimonial, a través del cual se pueden vender los activos del prestatario de manera ordenada y bajo supervisión judicial para satisfacer a los acreedores.
Para el profesor Estupiñán, esta ley representa un recurso que va mucho más allá de lo legal: «No se trata solo de una herramienta legal, sino que actúa como un salvavidas realmente significativo para muchas familias. La gente vive bajo la presión constante de llamadas y notificaciones, sintiendo que no existe un camino legal y humano para salir de su situación financiera actual».
De esta manera, la Ley de Insolvencia dirigida a individuos no comerciantes, en su versión actualizada, se presenta como una alternativa para alcanzar la estabilidad financiera de aquellos que atraviesan dificultades, mientras se garantiza el cumplimiento de sus obligaciones mediante procesos regulados y legalmente aceptados.
