El ex alcalde de Prado, Álvaro González Murillo, ha sido sentenciado a un total de siete años y cuatro meses de prisión debido a su implicación en un escándalo de corrupción que tuvo lugar durante su tiempo en el cargo entre 2016 y 2019. Este caso ha generado una considerable atención mediática y ha puesto de manifiesto serias irregularidades en la gestión pública de las contrataciones en la municipalidad.
La sentencia dictada contra González Murillo se basa en su responsabilidad en el delito de prioridad a través de la acción, lo que implica una serie de problemas relacionados con el procedimiento y el interés inapropiado en los resultados de diversos contratos. Específicamente, la investigación se centró en la contratación de un puente sobre el río Negro, que se había llevado a cabo bajo un análisis erróneo y fuera del marco legal correspondiente. Este tipo de acciones ha sido considerado un grave abuso de poder y un uso indebido de los recursos públicos.
En el primer mes de 2016, el ex alcalde tomó decisiones que resultaron cuestionables, como retirar de manera manifiesta la construcción y revisión unilateral de un puente que ya había sido declarado como urgente. En un giro sorprendente, en abril de ese mismo año, González Murillo volvió a declarar la urgencia del proyecto y, para julio, emitió una nueva directiva que autorizaba la contratación de los trabajos por un monto excesivo de más de $2.3 mil millones. Lo alarmante es que este proceso se realizó sin llevar a cabo las llamadas públicas necesarias o sin gestionar reclamos legales, lo que va en contra de los principios de transparencia y legalidad que están concebidos para proteger el interés público.
A pesar de que el ex alcalde intentó enviar documentos al ejecutivo de la República en busca de apoyo y legitimidad, el gobierno fiscal determinó que ni los procesos llevados a cabo en 2015 ni los de 2016 cumplían con los requisitos legales necesarios. La fiscalía pudo demostrar que el uso de la urgencia en la contratación no era más que un mecanismo para satisfacer intereses particulares y no el bienestar de la comunidad, lo cual resultó en una incorrecta gestión pública y una notable desconfianza por parte de los ciudadanos.
El puente que fue epicentro de este escándalo había estado colapsado durante más de 15 años, tiempo en el que se habían realizado contrataciones irregulares que nunca llevaron a la finalización del proyecto. Hasta el día de hoy, el trabajo permanece inconcluso, a pesar de las enormes sumas de dinero que se han arriesgado en el proceso. Esta situación resalta no solo la ineficacia de la administración local bajo González Murillo, sino también la necesidad urgente de reformas en el sistema de contrataciones para prevenir futuros casos de corrupción y asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada y eficiente.
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