Presenta el abogado y observador Angelo Fernando Vásquez Muñoz denuncias formales ante la Fiscalía y la Fiscalía por presuntas actuaciones irregulares al interior de Emcali.
Según las denuncias, los bienes públicos podrían verse gravemente afectados y desembocaron en la «privatización secreta» del servicio de alumbrado público en la ciudad de Cali.
El observador aseguró que hay indicios un acuerdo interno para traspasar las operaciones de iluminación a un «aliado estratégico» por un período de 20 años, sin un proceso de licitación pública, sin estudios técnicos o legales conocidos y sin la participación de autoridades civiles de control.
«Estamos ante un posible intento de privatizar un servicio básico por la puerta de atrás, sin competencia y sin control ciudadano. Cali ya no puede ser víctima de modelos opacos que han beneficiado a los contratistas y perjudicado a toda la ciudad», dijo Ángelo Vásquez Muñoz.
foto:Alcaldía de Bogotá
El abogado recordó que la Corte Constitucional encontró en la sentencia C-949 de 2001 que «Toda acción contractual del Estado debe garantizar la transparencia, la selección objetiva y la participación de los ciudadanos».
Además, cualquier figura que restrinja la libre competencia, como acuerdos directos o alianzas de no competencia, viola el artículo 209 de la Constitución Política, que impone a todas las entidades públicas la obligación de guiarse por los principios de igualdad, moral, eficiencia, economía y transparencia.
Asimismo, el Consejo de Estado lo reiteró La omisión de los principios de publicidad y selección objetiva en los procesos de contratación es base de nulidad absoluta, porque es contrario al interés general y afecta la función administrativa.
foto:Alcaldía de Santa Marta
El observador se quedó con eso. Hasta la fecha no existe ningún estudio público técnico, financiero o jurídico que justifique la supuesta alianza, y que esta falta de información viola el derecho básico a la participación ciudadana y al acceso a la información pública.
También anunció que, de comprobarse el incumplimiento de los principios de transparencia y participación, solicitará la intervención inmediata de la Procuraduría General de la República, la Contraloría y la Procuraduría General de la República. por posibles hechos delictivos de interés innecesario en la ejecución del contrato, daños materiales y abuso de cargo público.
“Cali no puede volver a la oscuridad ni permitir que sus servicios públicos se conviertan en negocios privados disfrazados de alianzas. La luz que necesitamos en nuestras calles debe empezar por iluminar la gestión pública”, enfatizó el abogado.
