En un giro sorprendente de los acontecimientos, el Agrd ha hecho temblar el ámbito político en menos de 24 horas. La Corte Suprema ha emitido órdenes de arresto contra Iván Calle y Andrés Calle, quienes ocupaban cargos de relevancia, siendo el primero ex presidente del Parlamento. Se les imputa un escándalo de soborno millonario a cambio de apoyo a reformas gubernamentales. Por otro lado, la fiscal María Alejandra Benavides enfrenta acusaciones relacionadas con su tiempo en el Ministerio de Finanzas, sumándose a la creciente red de corrupción que ha sido destapada en la UNGRD.
El impacto de estas revelaciones es profundo, pero todavía hay nombres cruciales que no han sido acusados formalmente. Testigos clave, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, quien fue el director de la UNGRD, han proporcionado evidencias y nombres que podrían ser fundamentales en este caso. Sin embargo, la oficina del fiscal parece no haber actuado en torno a algunos individuos involucrados, incluyendo figuras poderosas en el Palacio de Nariño.
¿Dónde está Ricardo Bonilla en el archivo?
Uno de los nombres que resalta es el del ex Ministro de Finanzas, Ricardo Bonilla. Según las declaraciones de la ex funcionaria Benavides, Bonilla habría autorizado transacciones por un total impresionante de $700,000 millones. Se alega que parte de estos fondos fueron desviados hacia un polémico contrato de Tanky vinculado a La Guajira.
A pesar de estas graves acusaciones, la oficina del fiscal no ha convocado a Bonilla para que explique su participación en estos sucesos. Esta falta de acción ha levantado dudas entre analistas y políticos de la oposición, quienes cuestionan el silencio de la investigación, lo cual podría sugerir un encubrimiento de actividades corruptas que implican la compra de favores legislativos.
Además, César Manrique, un antiguo funcionario de servicios públicos, también se encuentra bajo la lupa. De acuerdo a las afirmaciones en contra de Sneyder Pinilla, se ha alegado que Manrique redirigió fondos de la Agencia Nacional hacia la UNGRD. Otro individuo nombre en el escándalo es Carlos Ramón González, ex director de Dapre, quien supuestamente autorizó pagos de $4,000 millones a parlamentarios, lo que genera aún más inquietud sobre la integridad del sistema político.
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La detención de Iván y Andrés Calle, actualmente recluidos en «La Picota», podría ser solo el inicio de una serie de arrestos. Se anticipan nuevas acusaciones que involucran a individuos en altos niveles de decisión, lo que podría impactar la reputación del «Presidente de Sanedrín».
En el centro de este escándalo, está Sandra Ortiz, quien hasta ahora ha sido la única acusada de lavado de dinero, se asocia con una entrega sorprendente de $3,000 millones para ser discutidos en una reunión en el Hotel Tequendama. Además, se revelaron interacciones con el magistrado Vladimir Fernández, aunque este aspecto aún no ha sido objeto de investigación.
Otros nombres que podrían ser involucrados incluyen a los Ríos, así como a sus familiares Ana María y Sonia Rocío Riveros, así como a miembros de la Fundación Yapurutu. Esto es por su implicación en los contratos vinculados a la Agencia Nacional de Tierras, lo que agrava aún más el problema que enfrenta el gobierno actual.
A medida que la oficina del fiscal sigue recopilando evidencia, incluyendo grabaciones y testimonios, la presión se intensifica para que se tomen acciones contra aquellos que han permitido que el núcleo del gobierno desvíe recursos públicos para beneficio personal.
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