Uribe fue condenado en primera instancia por los delitos de fraude procesal y cohecho en el proceso penal. La pena impuesta fue 12 años de arresto domiciliario. Posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la orden de arresto domiciliario y ordenó que Uribe quede en libertad mientras se resuelve su apelación. El tribunal, en segunda instancia, tiene previsto anunciar su fallo este martes 21 de octubre de 2025. Es la primera vez que un expresidente de Colombia es declarado culpable en un juicio por delitos relacionados con manipulación de testigos. La decisión de segunda instancia podría confirmar, modificar cualquiera revocar la condena, que definirá su situación jurídica y política. La repercusión es tanto política como legal: afecta no sólo a Uribe como individuo, sino también a su partido Centro Democrático, el legado de su gobierno y el escenario electoral de Colombia.
