Recientemente, la inundación provocada por el río Sinú en Tierralta ha generado impactos significativos en el municipio durante la temporada de lluvias. Este acontecimiento catastrófico se atribuye, en gran medida, a un desvío que se realizó en la cuenca media del arroyo Jui. Esta obra, que fue sistemáticamente llevada a cabo en el año 2022, se realizó sin contar con los permisos y licencias ambientales necesarios, lo que ha generado una serie de repercusiones negativas en la zona.
La situación ha sido objeto de una evaluación exhaustiva por parte de la corporación autónoma regional de los valles de Sinú y San Jorge (CVS). Durante una visita técnica efectuada por su grupo de gestión de riesgos a lo largo del año, se constató la existencia de una intervención no autorizada en la cuenca media del barranco. Esta intervención no solo pone en riesgo la integridad ecológica de la región, sino que también plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de los residentes locales.
El informe técnico proporcionado por el CVS subraya que la administración municipal llevó a cabo un desvío del canal natural del arroyo, con una extensión de aproximadamente 528 metros. Este desvío se realizó sin la obtención de los permisos requeridos, incluyendo las licencias ambientales necesarias y las autorizaciones para la ocupación del canal. Esta acción constituye una infracción a las regulaciones ambientales vigentes, lo que ha suscitado la preocupación de las autoridades competentes y de la comunidad en general.
Las autoridades ambientales de la región han enfatizado la urgencia de que todas las entidades responsables tomen medidas efectivas para mitigar los efectos adversos que la actual temporada de lluvias está causando. La falta de atención a estas situaciones puede resultar en un daño irreparable para el entorno natural y la comunidad, ya que las lluvias continuas podrían agravar la situación, provocando más inundaciones e incluso deslizamientos de tierra.
Además, es crucial que se realicen estudios adicionales para comprender completamente el impacto de la obra no autorizada sobre el ecosistema local. Dichos estudios permitirán no solo investigar las consecuencias inmediatas, sino también trazar un plan de recuperación a largo plazo para la zona afectada. Por lo tanto, las autoridades instan a todas las partes interesadas a colaborar en la búsqueda de soluciones que garanticen la protección del medio ambiente y la seguridad de la población.
La comunidad afectada debe ser parte activa en el proceso de restauración y planificación, ya que son ellos quienes viven las consecuencias de las decisiones tomadas por las autoridades. Es imperativo que se promueva un diálogo abierto entre las autoridades locales, regionales y la comunidad, de manera que se establezcan medidas adecuadas y se eviten incidentes similares en el futuro. La prevención es esencial, y es responsabilidad de todos velar por la sostenibilidad y la seguridad ambiental de Tierralta y sus alrededores.
