Colombia atraviesa, una vez más, un intenso ciclo electoral. En Nariño y en todo el país, las campañas para el Congreso –Senado y Cámara– y para la Presidencia de la República llenan plazas, redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, junto con el debate democrático legítimo, se ha vuelto preocupante la deriva hacia la confrontación personal, la descalificación y el insulto como estrategias centrales de campaña. Los votantes, cansados de una polarización estéril, exigen con razón algo diferente: propuestas claras, debates sustantivos y un compromiso serio con los problemas reales del país.
Nariño, con su diversidad social, cultural y geográfica, enfrenta desafíos urgentes: pobreza persistente, falta de oportunidades para los jóvenes, carreteras y conectividad precarias, economías ilegales que reemplazan al Estado ausente y una deuda histórica con el campo.
A nivel nacional, la lista se amplía: seguridad, empleo digno, inflación, acceso a la salud, educación de calidad, transición energética, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional. Ante este panorama, resulta incomprensible que buena parte del tiempo y energía de las campañas se diluyan en burlas, ataques personales y provocaciones que poco o nada aportan a la solución de estos problemas.
Los recientes episodios de confrontación pública entre figuras políticas y líderes de opinión, que han dominado los titulares y las redes, son un síntoma de esta degradación del debate. Más allá de los nombres propios, estos hechos muestran una práctica peligrosa: sustituir la discusión por el agravio, la propuesta por el escándalo. Cuando el centro de la campaña es el insulto, la democracia pierde, la deliberación pública se empobrece y la desconfianza ciudadana hacia la política se profundiza.
Los candidatos al Senado, a la Cámara y a la Presidencia deben entender que no están compitiendo en un ring, sino en un escenario de ideas. El país no necesita más gritos ni más trincheras ideológicas; necesita claridad programática, viabilidad técnica y coherencia ética. ¿Cómo se financiarán las propuestas? ¿Qué impacto tendrán en las regiones? ¿Cómo se garantizará su ejecución? Son preguntas que esperan respuesta, no memes ofensivos ni ataques ad hominem.
Los partidos y movimientos políticos también tienen una responsabilidad ineludible. Deben elevar el nivel de sus campañas, promover debates públicos serios y exigir que sus candidatos respeten al oponente. La democracia se fortalece cuando el disenso se procesa con argumentos y cuando la diferencia no se convierte en enemistad. En este sentido, los medios y plataformas digitales juegan un papel clave: priorizar los contenidos programáticos, contextualizar la información y no amplificar la confrontación vacía sólo por su potencial viral.
Por su parte, los ciudadanos no son actores pasivos. El voto informado es una forma de exigir calidad democrática. Premiar con atención y apoyo a quienes presentan propuestas sólidas, y sancionar con indiferencia a quienes sólo ofrecen pelea, es una forma eficaz de influir en el rumbo de las campañas. Los votantes quieren saber qué harán los candidatos en materia de empleo, seguridad, educación y paz; no a quién insultaron o con quién se enfrentaron en línea.
Colombia y Nariño merecen campañas a la altura de sus desafíos. Es hora de que las ideas vuelvan al centro, de que el respeto marque la pauta y de que la política recupere su sentido más noble: servir al bien común. Menos insultos y más propuestas no es sólo un deseo ciudadano; Es una exigencia democrática que no se puede posponer.
