Iris Martín Ortiz Alerta sobre la crisis humanitaria en Puerto Boyacá para el desplazamiento forzado
El defensor de los derechos humanos, Iris Martín Ortiz, ha levantado la voz en denuncia sobre la situación crítica que enfrentan las víctimas del conflicto armado en el municipio de Puerto Boyacá. Este lugar se ha visto marcado por el huella de desplazamiento forzado, así como por violencia estructural, que afectan a muchos ciudadanos que han buscado refugio y seguridad en su búsqueda de una vida mejor.
Según se explicó, un grupo de familias que fueron inicialmente desplazadas del Catatumbo llegó a Puerto Boyacá con la esperanza de encontrar refugio. Estas familias habían sido prometidas tierras como parte de un proceso de reparación por las injusticias que habían sufrido. No obstante, lo que al principio parecía un paso hacia la recuperación y el inicio de una nueva vida, pronto se convirtió en una nueva tragedia para ellos.
El defensor realizó una revelación inquietante: estas personas estaban sujetas a amenazas e intimidaciones por parte de algunos habitantes del municipio, lo que ha generado problemas graves de coexistencia y seguridad en la comunidad. En medio de esta hostilidad, la historia de estas familias se complica aún más, y se hace necesaria su transferencia a Bogotá. Este éxodo, en lugar de aportarles estabilidad, interrumpe bruscamente su proceso de stabilización, lo cual agrava aún más su situación de vulnerabilidad.
Ortiz hizo un llamado urgido a las autoridades nacionales y departamentales para que intervengan de inmediato. “No puede ser que las víctimas sean revictimizadas una y otra vez”, afirmó, señalando que la ausencia de protección efectiva y medidas de acompañamiento refleja una falla institucional grave que no se puede ignorar. La realidad es que las condiciones de vida de estas familias han sido desmejoradas debido a la falta de acciones concretas por parte del Estado.
En este contexto, también subrayó la urgente necesidad de promover acciones de reconciliación y educación comunitaria en los territorios receptores. Esta medida es vital para evitar la estigmatización y el rechazo hacia aquellos que han sufrido violencia. “Puerto Boyacá no puede convertirse en una tierra hostil para aquellos que buscan reconstruir su vida”, concluyó Ortiz, enfatizando la importancia de la aceptación y la integración social de las personas desplazadas.
Este caso emblemático refleja los desafíos pendientes en asuntos de reparación integral y coexistencia pacífica en la región. Resalta también que la paz territorial requiere más que leyes: necesita un verdadero compromiso político y social que involucre a todos los sectores de la sociedad. Sin una acción concertada y comprometida por parte de las autoridades, los sueños y esperanzas de estas familias seguirán siendo vulnerables a la incertidumbre y al riesgo de un futuro más sombrío.
