El presidente Gustavo Petro ha tomado la decisión de no extender el alto el fuego con la facción de las FARC que está liderada por el alias ‘Calarcá’. Esta medida, que ha sido implementada a partir del 15 de abril, también incluye el despliegue de miembros de las fuerzas armadas y de la policía en diversas zonas del país. El resultado de esta decisión significa el cese de la tregua, lo que se traduce en un retorno a las hostilidades con los combatientes conocidos como ‘Calarcá’.
Dicha facción armada había sido parte de los tratados acordados en el marco del proceso de «paz general», sin embargo, las acciones recientes de violencia han llevado al gobierno a reconsiderar la extensión del alto el fuego. A pesar de las reiteradas violaciones de la tregua, el gobierno mantendrá abiertos los canales de diálogo con el fin de buscar soluciones pacíficas al conflicto.
Las disidencias enfrentan cambios en su situación legal, pero defensores reciben protecciones
Con este reciente anuncio, los integrantes de la facción perderán los métodos legales de protección y arresto que les habían sido otorgados, lo que implica un aumento en las operaciones de arresto por parte de las autoridades. Sin embargo, el gobierno ha decidido permitir que los defensores reconocidos del proceso sigan participando en las negociaciones, bajo ciertas medidas especiales que buscan garantizar su seguridad durante este período complejo.
En un esfuerzo por prioritizar la seguridad, ambas partes han acordado cesar acciones durante un período de 72 horas, acorde con los protocolos que fueron firmados en etapas anteriores del conflicto.
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A pesar de los incidentes violentos, se mantiene el camino hacia la paz; cese de hostilidades con los anti -atletas ‘Calarcá’
El Secretario General ha enfatizado que el enfoque del gobierno sigue centrado en la realización de negociaciones políticas. Esta decisión se ha justificado ante la imperiosa necesidad de salvaguardar a los ciudadanos que han sido víctimas de los ataques y desplazamientos forzados atribuidos a este grupo armado.
A pesar del cierre del alto el fuego, el proceso de paz con esta agrupación rebelde se continúa llevando a cabo. El gobierno ha manifestado su intención de no tolerar más violaciones, reafirmando su compromiso con los acuerdos establecidos para resolver el conflicto de manera pacífica.
Este giro en la política de «paz general» del gobierno de Petro representa un nuevo capítulo en sus esfuerzos por lograr una resolución duradera. Si bien la suspensión de hostilidades con los oponentes de ‘Calarcá’ ha finalizado, el Secretario General ha asegurado que las puertas del diálogo siguen abiertas. Las medidas militares que se implementarán tienen como objetivo proteger a las comunidades que se encuentran en situaciones más vulnerables y enviar un mensaje contundente: no se harán concesiones a los grupos armados que persistan en actos violentos mientras están en medio de negociaciones.
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