En la estaca de Campin – extra

Alerta de Bernal por pérdida de millonarios después de un contrato con una empresa privada

Recientemente, se firmó un contrato millonario entre la provincia y una compañía de esencia para la gestión y operación del estadio Nemesio Camacho El Campín, lo que ha generado controversia y disputas en el Consejo de Bogotá. La ministra Ana Teresa Bernal, en un comunicado histórico, ha comenzado a expresar su preocupación sobre la falta de transparencia en la estructuración de dicho acuerdo, así como las implicaciones económicas que esto conlleva para la ciudad, lo que podría afectar a numerosos empleados y comerciantes que han estado directamente involucrados en este evento deportivo a lo largo de los años.

Durante una reunión en el comité de planificación, Bernal alertó sobre el hecho de que este acuerdo no era, en absoluto, «libre» para la ciudad, tal como lo había declarado la administración municipal. Según sus estimaciones, la ciudad perdería cifras astronómicas, que podrían ascender a más de 12,000 millones de pesos anualmente, solo en ingresos por alquiler, lo que representa una considerable pérdida para el Instituto del Distrito de Recreación y Deportes (IDRD). «Se está tratando de vender la idea de que Bogotá no arriesga nada al entrar en esta alianza público-privada, y eso es categóricamente falso», enfatizó.

Además de las cifras económicas, Bernal alertó sobre la posible existencia de conflictos de interés dentro de este acuerdo. Criticó el hecho de que el actual gerente de esencia, Jaime Luque, había sido asesor del IDRD y tenía una participación activa en la organización del modelo de contrato liderado por el sector privado. «Esto es extremadamente preocupante. Una persona que ha diseñado el modelo público ahora se encuentra al frente de la compañía que se encarga de la operación del estadio. Esto merece una investigación exhaustiva por parte de las autoridades pertinentes», subrayó durante su intervención, solicitando formalmente análsis.

La ministra también hizo hincapié en la falta de información clara acerca de la participación de los ciudadanos en este proceso. Realizó solicitudes de derechos para recibir registros de las supuestas mesas técnicas que el IDRD había proclamado. Además, demandó explicaciones sobre cómo se ha garantizado la inclusión y protección de los derechos de vecinos, empleados, sindicatos y trabajadores informales. «Lo que hemos obtenido hasta ahora son promesas confusas y vagas, y un modelo que parece haber sido diseñado sin tener en cuenta a los involucrados en las dinámicas sociales y laborales del estadio», denunció.

Empleados, el gran contrato olvidado

Uno de los puntos más vulnerables resaltados por el cabildero es el futuro laboral de los empleados y sindicatos que trabajan en El Campín. «Nadie ha aclarado cuál será su destino. ¿Habrá transferencia? ¿Se consideraron en el nuevo esquema? ¿O simplemente quedarán fuera?» cuestionó, advirtiendo que estos cambios deben garantizar la protección de los derechos laborales y evitar que la transformación se convierta en una excusa para promover empleos precarios.

Bernal también lamentó que la Filarmónica de Bogotá, que debería beneficiarse de este proyecto, solo ha recibido espacio para ensayar, sin un rol claro dentro del mismo. «Una ciudad como Bogotá necesita proyectos que empoderen a su población, no que debiliten sus bases. Aquí se presenta una enorme oportunidad para integrar deportes y comunidad que se ha perdido», expresó.

En la conclusión de su discurso, la ministra exigió que la modernización de la infraestructura no se interprete como un paso hacia la privatización del bien público. «No nos oponemos al desarrollo urbano. Estamos en contra de un modelo que prioriza los intereses privados sobre el bienestar público. El Campín fue una contribución valiosa a la vida cultural y deportiva de Bogotá, pero hoy su futuro parece haber sido decidido en un entorno cerrado, sin considerar a quienes realmente lo habitan y disfrutan», concluyó.

Bernal demandó que se realice un examen detallado del acuerdo y que el alcalde Carlos Fernando Galabán responda con total transparencia a las inquietudes que han surgido en el consejo.

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