

El aumento de 23 por ciento en el salario mínimo tuvo un efecto inesperado en miles de pensionados de fondos privados (AFP), que tuvieron que recalcular sus beneficios este año, muchos de los cuales cayeron hasta 30 por ciento. Casi 72.600 pensionados del sistema experimentaron correcciones en sus pagos, y unos 20.000 afiliados que podrían haber comprado una anualidad a finales de año no pudieron hacerlo. porque el precio se disparó en 200 millones de pesos.
Para Ricardo Guerra, presidente de Colfondos, este fenómeno no es discrecional ni político. «Es una cuestión de aritmética absoluta», advierte, explicando que la combinación del aumento salarial con el cambio a la regulación del llamado salario mínimo móvil (Reglamento 1485 de 2025) creó efectos «sistémicos y estructurales» que hoy presionan al sistema.
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¿Por qué un aumento del salario mínimo acaba afectando los beneficios de las AFP?
Porque el sistema privado (AFP) funciona con lógica actuarial. En RAIS (Régimen de Ahorro Individual Solidario) la pensión depende del ahorro acumulado, la esperanza de vida del afiliado y su grupo familiar. Cada año, en la jubilación proyectada, el beneficio se recalcula para garantizar que el capital sea suficiente para toda la vida proyectada. En diciembre se produjeron dos hechos simultáneos. En primer lugar, el salario mínimo aumentó un 23 por ciento, alrededor de un 28 por ciento en términos reales, el mayor aumento en 50 años. En segundo lugar, se modificó el decreto deslizante, que desde 2016 ha suavizado el impacto de los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación en las anualidades.
Ricardo Guerra, presidente de AFP Colfondos. foto:Colfondos
¿Qué significa esto en términos prácticos?
Que los costos de la renta vitalicia aumentaron de unos 350 millones a 550 millones de pesos. Se trata de un aumento cercano al 57 por ciento como resultado de ambas medidas. Eso cambia completamente las ecuaciones, porque en el contexto actual una persona hoy necesita 200 millones de pesos más para garantizar una renta vitalicia que le cubra hasta la muerte, ahora necesita 550 millones. Ese es un gran salto de un día para otro.
¿Y cómo se traduce eso en la llamada “disminución” de las tarifas?
Con un retiro planificado, la corrección se calcula en función del capital disponible y de cuánto tiempo debería durar ese capital. Si el salario mínimo sube tan bruscamente, y al mismo tiempo el mercado reacciona -porque hay una devaluación de los bonos asociada a ese entorno macro-, el capital proyectado cambia. Esto es aritmética absoluta. Si en las nuevas condiciones el capital va a durar varios años, se ajustará el valor mensual. Este ajuste afectó a 72.600 jubilados a nivel industria.
Se habló de descuentos cercanos al 30 por ciento. ¿Fue generalizado?
No. Fueron casos puntuales, por ejemplo cuando hay cambios en el grupo familiar o situaciones específicas que requieren un nuevo cálculo. Pero ha habido una reducción a raíz de esta situación, pero cada caso es especial.
Además del impacto en los beneficios, ¿qué otros efectos tuvo el aumento salarial?
Algunos. En primer lugar, unas 6.000 personas que estaban dispuestas a jubilarse dejaron de reunir el capital requerido, por lo que tendrán que posponer su jubilación. En segundo lugar, casi 32.000 personas pasaron a depender del fondo de garantía de pensión mínima, cuyos recursos no son infinitos –a fines de noviembre, su saldo se acercaba a los 53 mil millones de pesos–. Estimado a precios de 2026 y con estos requisitos y el aumento del salario mínimo, son unos 5 mil millones de pesos los que necesita este fondo para mantenerse a nivel de industria, y el Gobierno es responsable de suministrar los recursos cuando se agoten. En tercer lugar, unas 20.000 personas que ya estaban jubiladas y podrían haber comprado una anualidad a partir del 31 de diciembre no pudieron hacerlo en enero. Y en cuarto lugar, el seguro de pensiones aumentó del 2,4 al 2,63 por ciento. Nos estamos acercando peligrosamente al límite legal del 3 por ciento. Esto nos coloca en una situación muy compleja y nos acerca a lo que la reforma llamó «fallo del mercado».
Casi 32.000 personas pasaron a depender del fondo de pensión mínima. foto:Carlos Arturo García M.
¿Qué significa este «fallo del mercado»?
Que no hay suficientes aseguradoras dispuestas a cubrir el riesgo previsional de los 19 millones de afiliados a las AFP. Si el coste sigue aumentando, la competencia disminuye y el sistema se vuelve más caro.
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Si se deroga el decreto de salario mínimo, ¿cuál sería el efecto?
Aplicamos lo actual. Si cambia, se lo notificaremos de manera oportuna y volveremos a calcular las asignaciones de acuerdo con la norma. Es nuestro deber cumplir estrictamente la ley y proteger a los pensionistas dentro del marco legal.
Al mismo tiempo, se discute obligar a los fondos a invertir más en Colombia…
Los resultados del año pasado fueron muy positivos. En nuestro fondo de mayor riesgo, tuvimos alrededor del 14 por ciento de efectividad por año. Ahora, de cada 10 pesos que recibe un jubilado, 7 pesos provienen de la rentabilidad que genera la gestión de fondos. Tenemos alrededor del 50 por ciento invertido en Colombia: deuda pública, infraestructura, acciones. El problema no es la falta de voluntad, sino la falta de proyectos rentables y con reglas claras.
¿Cuéntanos algo sobre el grupo Hábitat y tu llegada a Colombia?
Somos una organización chilena con 45 años de experiencia. Llegamos a Colombia en 2019 y a través de Colfondos nos hemos comprometido con Colombia. En 2024 fundamos Andina Seguros, una empresa enfocada en rentas vitalicias, para ofrecer mayor estabilidad a nuestros jubilados. El año pasado invertimos cerca de 5 millones de dólares para implementar la reforma de las pensiones y estar listos operativamente cuando el Tribunal Constitucional tome una decisión sobre el tema.
Torre Colfondos, sede de AFP ubicada en el sector Chapinero de Bogotá (Colombia). foto:Colfondos
¿Cuáles son las apuestas para 2026?
Hay tres de ellos. Primero, fortalecer las pensiones voluntarias. Creemos que el ahorro voluntario es clave para cerrar las brechas de jubilación y alcanzar objetivos de vida. Contamos con productos de muy buen rendimiento y un sólido equipo de inversión. En segundo lugar, aprovechar la oportunidad que vence el 30 de junio para cambios de régimen. Más de 10.000 personas ya han tomado decisiones informadas e instamos a la gente a no dejar esa decisión para el último minuto. En tercer lugar, mejorar radicalmente la experiencia de disparo. Cerramos la temporada 2026 con un crecimiento interesante y lanzamos mejoras tecnológicas para agilizar los pagos.
El modelo chileno fue el punto de partida del esquema colombiano. ¿Qué tan lejos se ha alejado Colombia hoy de ese modelo original?
En esencia, el corazón del modelo sigue siendo: el ahorro individual como base para construir pensiones sostenibles. Seguimos convencidos de que este es el único mecanismo que nos permite financiar nuestra jubilación sin pasar la carga a las generaciones futuras. El sistema de reparto, por otro lado, implica pagar pensiones endeudando a nuestros hijos. Esto es lo que Europa está sufriendo hoy.
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Pero hay diferencias clave…
Existen diferencias importantes en el papel del Estado y la estructura de incentivos. En Chile se ha avanzado hacia una pensión básica universal financiada con recursos fiscales, sobre la cual se construye el ahorro individual. En Colombia, la reforma elevó el umbral del régimen público a 2,3 salarios mínimos, ampliando el peso de la distribución. Esto, en el contexto de una tasa de natalidad en descenso y una población que envejece, plantea dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo. Hay otra diferencia muy técnica pero muy relevante: el seguro de pensiones. En Chile, desde hace más de una década, no es administrado por las AFP, sino que se anuncia a nivel nacional. Esto nos permitió mantener tasas de seguro de pensiones más bajas y más estables. En Colombia hoy estamos en 2,6 por ciento, mientras que en Chile y Perú no supera el 1,5 por ciento. Es decir, el trabajador colombiano paga alrededor de un punto porcentual más por este seguro. Es una cuestión regulatoria que necesita ser revisada.