Una nueva polémica sacude al gobierno nacional tras revelarse supuestos esfuerzos privados en torno a uno de los contratos de defensa más caros y sensibles de los últimos años: la implementación de la sec. Escudo Nacional Antidronesproyectos planificados para 6.200 millones de dólares (alrededor de 1.681 millones de dólares).
Las investigaciones realizadas por periodistas sugieren que ex cuñado del hermano del ministro del Interior, Armando Benedettihabría mantenido reuniones y tomado medidas que, según las fuentes citadas, buscarían favorecer a las empresas turcas en el proceso de contratación.
Un acuerdo estratégico en medio de una amenaza creciente
El proyecto antidrones surge como respuesta a un fenómeno que se ha intensificado en Colombia: el uso de aeronaves no tripuladas por parte de grupos armados ilegales. En los últimos cinco años ha sido al menos 860 ataques con dronescon saldo en 62 personas murieronsegún datos citados en los estudios.
Ante esta visión, el gobierno busca implementar una plataforma tecnológica que pueda detectar, bloquear o desactivar drones utilizados en acciones violentaslo que hace de este acuerdo una prioridad de seguridad nacional.
Sin embargo, el alto valor económico y el carácter estratégico del proyecto ha hecho saltar la alarma sobre posibles intereses indebidos en su adjudicación.
El memorando con Türkiye y las dudas sobre la transparencia
El foco de la disputa está en un Memorando de entendimiento firmado en junio de 2025 entre Colombia y Turquía.lo que, según comunicados de prensa, habría allanado el camino para que la empresa estatal turca Corporación MKE tomar con una ganancia en el proceso.
Este documento habría sido firmado antes de que el gobierno anunciara oficialmente el inicio del proceso de contrataciónlo que contradice las declaraciones oficiales del Ministro de Defensa, quien ha afirmado que la campaña no comenzó hasta 2026.
Las dudas aumentan porque el proceso ha sido manipulado reserva institucionalespecialmente desde la oficina del Viceministro de Defensa, que tiene acceso limitado a información detallada.
Reuniones, vínculos y supuestas negociaciones
En medio de la disputa apareció Carlos Alberto Dadáun empresario que fue identificado como ex cuñado de Camilo Benedetti (hermano del ministro). Según las revelaciones, Dada:
- Habría ingresado al Ministerio de Defensa en diciembre de 2025
- Se reunió con la Viceministra Angélica Verbel
- Se dice que contribuyó a los esfuerzos para favorecer a la empresa turca.
Según fuentes citadas, incluso hubo Urge cerrar el contrato antes de final de añolo que levanta sospechas de una presión anormal en el proceso.
Además, se han señalado vínculos previos: en 2020, una empresa vinculada a Camilo Benedetti habría trabajado con la turca en contratos militares, alimentando dudas sobre un posible conflicto de intereses.
Reacción y negación
Tanto los implicados como el propio ministro han desestimado estas acusaciones.
Armando Benedetti afirmó públicamente que:
- No tiene relación con el contrato.
- Tu familia no actúa como intermediario
- El proceso de contratación aún no se ha abierto oficialmente
Incluso calificó las publicaciones de carentes de rigor y negó cualquier influencia en la contratación.
Por su parte, Camilo Benedetti también negó cualquier interés en la transacción, mientras Dada reconoció la reunión en el ministerio, pero dijo que fue personal y ajena al negocio.
Un debate más amplio: seguridad versus transparencia
Más allá de los nombres propios, el caso reabre un debate fundamental en Colombia: Cómo garantizar la transparencia en los contratos de defensa.especialmente cuando se trata de sumas millonarias y técnicas estratégicas.
Los expertos advierten que este tipo de procesos deben cumplir requisitos estrictos para:
- Concurso abierto
- Trazabilidad de la decisión
- control institucional
Esto es para evitar que intereses privados entren en decisiones que afecten directamente a la seguridad nacional.
El Ministerio de Defensa, por su parte, ha señalado que la información del proyecto ha reserva legal y que las reuniones conocidas no constituyen obligaciones contractuales.
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