La oficina del Ministro de Justicia ha iniciado un estudio disciplinario contra el ex alcalde de Purificación, Andrés Barragán de Cristthian, así como contra dos exsecretarios de Educación. Este proceso se lleva a cabo debido a presuntas irregularidades en la gestión del Programa de Evaluación Escolar (PAE), que resultó en que los 1.579 niños del municipio quedaran sin acceso a servicios de alimentos. Esta situación es preocupante, ya que pone en riesgo la nutrición y el bienestar de los menores, quienes dependen de este tipo de apoyo para su desarrollo integral.
La revisión realizada por el Secretario General de la República ha revelado que el municipio no gestionó adecuadamente un total de $406,149,165 que pertenecían al Sistema de Participación General (SGP) y estaban destinados al PAE. Esta falta de implementación y gestión no solo impidió el derecho a la educación adecuada, sino que también afectó directa y gravemente la permanencia y bienestar de los niños en las instituciones educativas públicas del municipio. Es esencial garantizar que estos recursos se utilicen de manera eficiente para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.
Datos
De acuerdo con los hallazgos, el servicio de alimentación fue interrumpido desde septiembre de 2022 debido a una falta de coordinación entre la oficina del alcalde y el gobierno de Tolima. A su vez, la ausencia de medidas efectivas para prevenir esta interrupción ha exacerbado la situación, violando así los derechos fundamentales de los niños. Este escenario no solo evidencia una grave déficit en la gestión municipal, sino que también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los líderes en el aseguramiento de los derechos de los menores en su municipio.
Además de Andrés Barragán, el Secretario de Justicia está investigando a los exsecretarios de Educación, Oscar Eduardo Tafur Villarreal y Deisy Leticia Ospina Devia, quienes eran responsables de implementar las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio alimentario. La Autoridad de Vigilancia busca determinar si sus acciones o inacciones fueron irresponsables y si hubo ignorancia o negligencia en su deber de planificación y ejecución de los gastos públicos. Es crucial establecer la verdad para que se tomen las decisiones correctas que aseguren la responsabilidad entre los funcionarios públicos.
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El estudio también evaluará si se han vulnerado los principios que rigen la acción pública, como la eficiencia, la responsabilidad y la coordinación entre las diferentes instituciones implicadas. En caso de que se confirmen estas irregularidades, los involucrados podrían enfrentar sanciones que van desde reprimendas hasta descalificación o incluso la pérdida de sus cargos. El PAE tiene como objetivo garantizar el acceso a suplementos alimenticios para aquellos niños más vulnerables dentro del sistema educativo público. Por lo tanto, su suspensión es un claro indicativo de una falla en la planificación y su impacto debilitante en las condiciones de estudio y la salud de los beneficiarios no puede ser subestimado.
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