A pesar de que el gobierno y la representación son responsables de algunas de las principales carreteras bajo el modelo 4G, se ha tomado la decisión de liquidar estos contratos por un acuerdo mutuo. Esto podría facilitar la reorientación de recursos hacia las metas del Presidente Germen Arca Zapata, quien también ostenta el cargo de presidente de la Fiduciaria Columbia (Asophiducia). Esta situación plantea interrogantes sobre la efectividad y la continuidad de las obras proyectadas bajo este esquema de contratación.
En una reciente entrevista con El Tiempo, el líder sindical expresó que es fundamental que ambas partes reconozcan los retos y los obstáculos que impiden el avance en estas iniciativas, lo que a su vez justificaría la decisión de dar por terminados estos acuerdos. La necesidad de abordar y solucionar estos problemas es imperativa para que las obras puedan seguir adelante.
Con los puntos en cuestión resueltos, es crucial seguir los procedimientos legales establecidos, ya que esto evitaría la aparición de recursos legales que impidan el avance. Sin embargo, los ajustes y la inclusión de los mismos en el presupuesto gubernamental no se podrán hacer antes de 2026, año en que será el Congreso de la República el encargado de validar su uso en los planes establecidos.
Desde su cuenta en X y a través de su consejo de ministros, el presidente Petro ha reiterado la importancia de utilizar recursos que no han sido ejecutados en las concesiones de algunas de estas carreteras 4G, que actualmente permanecen bajo la custodia de un fiduciario.
Los concesionarios responsables de los proyectos de infraestructura, junto con la Cámara de Infraestructura Colombiana (CCI), han enfatizado ante la Autoridad Ejecutiva que una de las principales razones que ha causado el retraso en la ejecución de estos trabajos fue la falta de permisos emitidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANA). Además, están abiertos a dialogar con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para desbloquear el avance en la construcción de estos proyectos. Este proceso ha requerido más de tres años de espera hasta ahora.
Arce Zapata, quien es portavoz del sector fiduciario en Colombia, ha indicado que en las editoriales donde permanecen bajo custodia se encuentran, entre otros, recursos destinados a la construcción de las carreteras 4G y 5G. A su vez, se presentan los posibles beneficios de que el gobierno aproveche adecuadamente estos recursos. Entre estos se encuentran:
Germán Arce Zapata, presidente de la Asociación Fiduciaria Colombiana. Foto:Asofiducios
¿Por qué los recursos de las carreteras 4G y 5G están en Fiducia, y no en otros instrumentos financieros del mercado?
Los fondos destinados al programa de infraestructura de cuarta y quinta generación provienen de la legislación, la cual define el mecanismo y el propósito de su uso a través de la Fiducia. Las leyes presupuestarias y el Consejo Superior de Política Fiscal (CONPES) asignan recursos mediante la validez futura, con el objetivo de garantizar que los proyectos cuenten con financiación a largo plazo. Este vehículo se establece para asegurar que los contratos se cumplan, siguiendo un proceso transparente desde el inicio hasta el final de cada proyecto, sin interrupciones.
La razón por la cual los fondos están bajo Fiducia, en lugar de simplemente depositados en cuentas bancarias, es para resguardar la ejecución de los proyectos comprometidos, evitando cambios repentinamente por parte de cualquier gobierno. En esta estructura, la Fiducia actúa como un contrato específico, surgido de un proceso de licitación pública, en el que se asignan concesiones con condiciones técnicas, ecológicas y sociales a ser cumplidas.
El gobierno ha expresado interés en utilizar recursos destinados a la construcción para financiar el programa de vacunación contra la fiebre amarilla. ¿Qué tan probable es que esto se lleve a cabo?
Las leyes que rigen estos procesos se traducen en que, si un proyecto no cumple con su propósito, puede haber cambios en la asignación de recursos, dado que las infraestructuras están sujetas a diferentes riesgos. En el caso específico del proyecto Mulaló – Loboguerrero, existen 2.200 millones de pesos sin utilizar y el gobierno quiere redirigir esos fondos para el programa de vacunación, pero los pasos para ello son complejos.
¿A qué nos referimos con esto?
Para liquidar el contrato, que es en esencia un acuerdo entre ambas partes, el gobierno debe garantizar que la licitación cumpla con las condiciones requeridas, y el contratante debe estar de acuerdo. En este caso, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) actúa como firmante del contrato en representación del Estado. Si el contrato X no puede ser ejecutado, se deben presentar pruebas de las razones detrás de esta imposibilidad. Durante el proceso de liquidación, se lleva a cabo una transferencia de información sobre costos y las tareas que se ejecutan. En esta fase, puede alcanzarse un acuerdo que derive de la concesión administrada por la Fiducia.
Proyecto de carretera Mulaló-Loboguerrero, que representa una nueva ruta de 31.8 kilómetros. Foto:Covimar
¿Cuánto tiempo debería tomar este proceso?
No se puede estimar con exactitud, ya que un debate detallado podría extenderse por meses. Sin embargo, si ambas partes están dispuestas a colaborar y la transición de cuentas es relativamente directa, el proceso de negociar legalmente la conciliación puede realizarse. Este es un proceso fundamental que establece la legalidad para la posterior instalación de los recursos en el presupuesto. Esto es especialmente relevante, porque si el contrato se resuelve este año, los fondos podrían entrar en el presupuesto solo para el año 2026, particularmente en el caso del proyecto Mulaló – Loboguerrero. Para que el gobierno utilice estos recursos de las carreteras 4G y 5G sin ejecución, es necesario contar con la aprobación del Congreso de la República, lo cual requiere tiempo adicional.
¿Por qué la Fiducia es el vehículo ideal para gestionar los recursos de estos importantes proyectos de infraestructura?
Parte de la razón se debe a la combinación de recursos públicos y privados, incluyendo peajes, préstamos bancarios y fondos de inversión en el contexto de proyectos 4G. La Fiducia actúa como una entidad jurídica en Colombia, asegurando que la voluntad del individuo se materialice en la construcción a largo plazo del proyecto. Este mecanismo asegura que los recursos no se utilicen de manera indiscriminada y que exista un control estricto sobre su ejecución en el marco del contrato. No hay otro vehículo que ofrezca este tipo de garantía operativa y confianza en las intervenciones.
¿Quién regula qué se invierte y en qué lugares deberían estar estos recursos?
Existen comités de inversión que operan bajo las reglas del organismo supervisor financiero, encargado de acompañar a las fiduciarias en la gestión de estos recursos. Esto incluye un riguroso control y supervisión por parte de las entidades responsables que fiscalizan estas operaciones.
Las sociedades fiduciarias están bajo la supervisión del ente regulador financiero. Foto:Archivo de tiempo
¿Cómo se lleva a cabo la liquidación de estos contratos y recursos que no se han ejecutado, pero que podrían generar rendimientos?
La liquidación depende de los contratos, cada uno con sus fórmulas específicas. Es común que, en las etapas previas establecidas para la ruta solicitada, se hayan adquirido las propiedades necesarias, incluso utilizando los recursos del concesionario. Pero si el proyecto no se lleva a cabo, el estado debe recuperar estos bienes raíces así como los diseños y rutas adquiridas, además de reembolsar los recursos que el concesionario invirtió inicialmente. Los excedentes tras la liquidación, incluyendo los rendimientos hasta la finalización del proyecto, no benefician a ninguna persona del concesionario.
¿Qué cantidad de dinero existe actualmente en proyectos y en Fiducia?
En Asophi
ducia, llevamos a cabo encuestas constantes entre las entidades que operan en este sector para mantenernos actualizados. Estas cifras no provienen de la superintendencia. Hasta el cierre del 20 de marzo, existía un saldo total de 27.4 mil millones de pesos. De esta cantidad, 10.300 millones corresponden a recursos de importancia futura (38 por ciento), 6.300 millones provienen de recursos privados (23 por ciento), otros 5.100 millones son productos de préstamos de bancos locales y extranjeros (5 por ciento), y finalmente, 4.400 millones (16 por ciento) son aportes adicionales para financiar diversos proyectos.
Aunque el proyecto enfrente dificultades, no significa que el sistema de Fiducia no funcione…
Es importante destacar que la mayoría de grandes proyectos de infraestructura en el país se han llevado a cabo mediante asociaciones público-privadas. De un total de cerca de 40 concesiones de 4G y 5G, solo dos no se han ejecutado y esta falta de ejecución no se debe a fallos en las concesiones, sino a problemas atribuidos al estado. Existe sin duda una diferencia significativa entre los proyectos exitosos y aquellos que no logran avanzar. La Fiducia, por su parte, gestiona de manera efectiva todos los recursos de pensiones públicas; como el fondo dedicado a la reforestación de la Amazonía, que también se encuentra bajo su administración, entre otros casos. Este manejo técnico desde el plano financiero es crucial para asegurar que la asignación se cumpla conforme al contrato. La fiducia debe manejar un total de 129.4 mil millones de pesos, representando el 13.1 por ciento del total bajo su administración, que suman 984 mil millones hasta marzo del año pasado, con un crecimiento del 7.64 por ciento por año.
