Lo que comenzó como el sueño de una vejez tranquila terminó convirtiéndose en una pesadilla desgarradora para Clara Inés Rojas Canaría. Ella es una pensionista del Ejército Nacional y madre ejemplar, quien hoy enfrenta una grave discapacidad después de sufrir un infarto cerebral. Según su hija, Viviana Sánchez Rojas, la causa principal de este derrumbe emocional y físico fue el estrés y la angustia provocados por un escabroso caso de presunto fraude inmobiliario en Ibagué.
Historia
La historia de Clara se remonta a 2013, un año que prometía ser el inicio de una etapa más serena en su vida. Decidió invertir sus ahorros acumulados durante toda su vida en un apartamento en planes en el conjunto residencial Balcones de Santa Cecilia. Para llevar a cabo esta inversión, tomó la difícil decisión de vender una propiedad en Bogotá, confiando en la compañía H&H, propiedad de Marco Emilio Finfapié Ramírez y representada por Juan Antonio Achapié Galindo. Este acuerdo fue formalizado mediante una promesa de venta, y Clara realizó el pago completo de la propiedad, creyendo que todo estaba en orden. Sin embargo, a pesar de haber firmado la escritura pública, el constructor nunca se presentó ante el notario, lo que impidió que la propiedad se registrara legalmente en el nombre de la compradora.
Con el tiempo, la familia tomó posesión del apartamento y comenzó a vivir en él, convencidos de que la situación era completamente legítima. Sin embargo, un escándalo de proporciones inesperadas explotó cuando se descubrió que la misma propiedad había sido vendida a una segunda persona. Esto dio origen a una demanda legal en el Tribunal Municipal de Ibagué. Para empeorar las cosas, el nuevo propietario había solicitado un préstamo hipotecario sobre la propiedad y dejó de pagar, lo que resultó en un embargo por parte de Bancolombia. Actualmente, el apartamento de Clara enfrenta dos procesos de embargo simultáneos, lo que genera una incertidumbre devastadora para la familia.
La hija de Clara, Viviana, ha denunciado que ni el fiduciario de Bancolombia ni el banco han actuado con la debida responsabilidad en este caos. Por el contrario, ahora están exigiendo que la familia pague la suma de 15 millones de pesos para formalizar un acto que, legalmente, debería estar ya registrado a nombre de su madre. “El fiduciario y el banco no requieren el pago al verdadero deudor, pero piden 15 millones de pesos para formalizar una escritura que legalmente ya debería estar a nombre de mi madre,” expresó Viviana, con visible indignación.
Decepción
La historia de Clara Inés es una representación desgarradora de lo que miles de adultos mayores enfrentan hoy en día. Después de una vida de arduo trabajo, ellos buscan una seguridad para disfrutar de sus últimos años. Con más de 20 años de servicio en el Ministerio de Defensa Nacional, Clara esperaba vivir su retiro con paz y tranquilidad. Sin embargo, ahora enfrenta una cruda realidad: está desprovista de apoyo legal, carece de protección estatal y sufre de una grave condición médica que la ha dejado postrada. “Mi madre, una persona vulnerable y enferma, quien solo deseaba garantizar su vejez, hoy se encuentra sin apoyo, sin protección legal y al borde de perderlo todo,” expresó su hija, transmitiendo su angustia.
Además, Viviana ha hecho un llamado urgente a las autoridades, incluyendo la oficina del Fiscal General, la Superintendencia de Notarios y el Registro, así como al Defensor del Pueblo, para que asuman el caso. Es crucial que se tomen medidas para prevenir que otros, especialmente los mayores y aquellos en situación vulnerable, sean víctimas de este tipo de fraudes que dejan cicatrices profundas en sus vidas.
