Este jueves 1 de mayo, la consulta popular propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro fue oficialmente presentada ante el Parlamento de la República. Este importante paso busca legitimar las reformas que el gobierno desea implementar, y tiene como objetivo principal involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones fundamentales. Al presentar la consulta dentro del marco del Código de Ética de la Constitución, el gobierno intenta establecer un proceso transparente y participativo, lo que podría tener un impacto significativo en la vida política y social del país.
El Senado, como parte del proceso, debe decidir si se convocan o no encuestas de opinión para que los ciudadanos puedan expresar su postura sobre las 12 preguntas planteadas por el gobierno. Es crucial mencionar que estas reformas aún no han sido aprobadas por la Séptima Comisión del Senado, lo que añade una capa adicional de complejidad al proceso.
Es importante destacar que el parlamento no tiene la facultad de modificar las preguntas propuestas por el gobierno. Su rol es exclusivamente decidir si se procederá o no a la convocatoria de la consulta popular. Esto significa que los senadores deben tomar una decisión dentro de un plazo de 30 días, siendo 20 días el tiempo estipulado inicialmente, y 10 días adicionales según lo establecido por la ley.
En el caso de que el Senado emita un concepto negativo, la consulta popular no podrá llevarse a cabo. Sin embargo, si no se manifiestan dentro de ese plazo, el presidente cuenta con la posibilidad de convocar la consulta por su cuenta, lo que podría dar lugar a una situación política complicada. Para que la consulta pase, se requerirá al menos una mayoría simple en la reunión del parlamento, lo que subraya la importancia de este proceso.
Al final de esta deliberación, el ministro Antonio Sanguino hizo declaraciones a la prensa, enfatizando la necesidad de que los parlamentarios no ignoren la voz de los ciudadanos. Él menciona: «Con suerte, no desordenan al negar que las personas que están participando en este proceso puedan comentar sobre encuestas relacionadas con temas vitales para nuestros compatriotas, quienes no forman parte de la fuerza laboral.» Esto refleja la urgencia y relevancia de los temas a considerar en la consulta.
Aunque las preguntas fueron inicialmente formuladas por el entonces Ministro del Interior, Armando Benedetti, junto al Ministro Antonio Sanguino, se han realizado algunos ajustes importantes en su redacción. Por ejemplo, una de las correcciones más destacadas fue la modificación de la palabra «diariamente» en la primera pregunta, especificando que el análisis abarcaría programas desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de acuerdo con las propuestas gubernamentales.
Otro cambio notable está relacionado con la séptima pregunta, que ahora establece que el personal de transporte digital, como Uber, Didi o Cabify, deberá formalizar acuerdos con las empresas bajo diferentes modalidades de contratos y que, adicionalmente, deben estar cubiertos por las responsabilidades del Seguro Social. Este tipo de reformas tiene el potencial de regular y dignificar el trabajo de una gran parte de la población, que actualmente opera en la economía informal.
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