Recientemente, se ha reportado en Nariño que el número de víctimas causadas por minas antipersonales ha mostrado una significativa disminución. Los esfuerzos coordinados entre las autoridades tanto nacionales como regionales, en el marco de un proceso de diálogo, han sido fundamentales para lograr esta reducción en el número de afectados por artefactos explosivos. En el año 2023, se registraron 44 víctimas, pero para el año 2024 esa cifra se redujo a tan solo 18, lo que representa una disminución del 59.1% en comparación con el año anterior.
Este avance es un claro reflejo del compromiso hacia la paz en la región. La iniciativa, que implica conversaciones con el Grupo Southern Comuneros, está enmarcada en los esfuerzos liderados por la oficina del jefe del jefe de paz e investigación humanitaria, que se enfoca en abordar las problemáticas relacionadas con la violencia y la seguridad en el territorio, y que está conformada por la Comisión de Operación Integrada contra Minas Antipersonales, conocida como Aicma.
“Estamos jugando por la paz, creemos firmemente en la paz y nos esforzamos por contribuir a la paz en nuestros territorios; sin embargo, todavía hay mucho por hacer, y creo que esto debe ser un proceso constante. Es un desafío al que debemos apoyar con firmeza,” declaró Cristian Andrés Melo, representante legal de la Asociación Antiperson.
De acuerdo con los datos recopilados por el Sistema de Información de INSMA, entre los años 2022 y 2025, Nariño ha reportado un total de 110 víctimas vinculadas a artefactos explosivos, lo que le convierte en el departamento con el mayor impacto en el país en esta materia. Sin embargo, el descenso en las cifras desde 2024 valida los esfuerzos realizados para mitigar este problema. En detalle, los informes indicaron que en 2022 hubo 39 víctimas (33 de ellas civiles y 6 miembros de la fuerza pública). En 2023, el total se elevó a 44 víctimas (42 de ellas civiles), y para 2024 ya se han reportado 18 víctimas (12 civiles y 6 miembros de la fuerza pública). A partir de 2025 y hasta la fecha actual, la cifra se ha reducido a 9 víctimas, con 7 de ellas siendo miembros de la fuerza pública y 2 civiles.
Como se detalla en el informe, las acciones tomadas se alinean con los procesos de diálogo y las intervenciones operativas. Para el año 2024, se identificaron 1,624 explosivos en la región, que fueron objeto de intervención en varios municipios, incluyendo Tumaco, Olaya Herrera y Andes Sotomayor. Estas acciones se coordinan minuciosamente a través de la mesa del departamento contra las minas.
En este contexto, se llevó a cabo el primer Congreso regular del Comité de Acción Integral contra Minas Antipersonales de 2025, donde se desempeñó en su función de oficina técnica para abordar la problemática. Durante esta reunión, se aprobó el plan de acción para 2025, el cual está diseñado para reforzar la cobertura, minimizar el riesgo minero y proporcionar apoyo a las víctimas afectadas en amplio espectro.
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