En el comienzo del año 2025, la situación de conflicto en Colombia ha alcanzado nuevos niveles de gravedad, exacerbada por la utilización creciente de drones por parte de grupos armados ilegales. Según un informe operativo emitido por el mando conjunto de las fuerzas militares, se ha registrado la ejecución de más de 60 ataques utilizando estos dispositivos tecnológicos. Este incremento en el uso de drones por parte de organizaciones armadas es motivo de seria preocupación y refleja una evolución en sus métodos de ataque.
Los ataques con drones han sido documentados en diversas regiones del país, incluyendo Cauca, Huila, Nariño y el Catatumbo. Grupos como los disidentes del FARC y el ELN están perfeccionando esta táctica, empleando drones para asediar estaciones de policía y bases militares, y en algunos casos, causando daños que afectan a la población civil. Este cambio en la estrategia de combate representa un desafío significativo para las fuerzas del orden.
Un ataque particularmente notable tuvo lugar el 13 de abril, cuando drones cargados de explosivos atacaron casi simultáneamente tres estaciones de policía ubicadas en Cajibío, Morales y Pendamó (Cauca). Aunque afortunadamente no se registraron lesiones en esta ocasión, la coordinación demostrada por los atacantes sorprendió a las autoridades y es un indicativo claro de la capacidad que estos grupos están desarrollando en el uso de tecnología avanzada. En otro incidente, un dron utilizado en Theorama (Norte de Santander) resultó en la muerte del soldado José de la Cruz Berrio Palacios, además de causar heridas a siete soldados más.
Los drones comprados en línea y adaptados para matar
Estos grupos ilegales han encontrado una forma de acceder fácilmente a tecnología avanzada. Las intercepciones hechas revelan que están adquiriendo drones a través de plataformas en línea, con precios que oscilan entre $600,000 y $12 millones. Uno de los modelos más empleados es el DJI Mini 4 Pro, que se encuentra disponible en sitios como Amazon y se ha vuelto común entre estos grupos.
Los drones poseen una autonomía de vuelo de hasta 60 minutos y son capaces de transportar aproximadamente un kilogramo de explosivos. Las granadas improvisadas pueden ser lanzadas de manera remota o utilizados en un ataque tipo Kamikaze. Además, las fuerzas de seguridad han logrado incautar varios de estos dispositivos, junto con evidencia de que los grupos armados están recibiendo capacitación especializada en su uso.
Un incidente adicional ocurrió en Mondomo, Cauca, donde se utilizó una bomba de automóvil el Jueves Santo. La explosión resultó en la muerte de una persona, dejó 20 heridos y causó daños significativos. Este patrón de violencia evidencia cómo los grupos armados están combinando tácticas tradicionales con tecnología moderna, lo que amplifica su capacidad para causar estragos.
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¿Cómo responder a esta creciente amenaza? Los grupos armados intensifican los ataques de drones en Colombia
Ante esta alarmante situación, el gobierno colombiano ha comenzado a implementar diversas medidas para contrarrestar estos ataques. Las fuerzas militares están llevando a cabo un proceso de entrenamiento para detectar y neutralizar drones operando en áreas rurales. Además, el Ministerio de Defensa ha anunciado un ambicioso plan para adquirir tecnología antidron que será estratégicamente ubicada en puntos críticos del país.
No obstante, los especialistas advierten que la tarea de interceptar drones en zonas selváticas es ordinariamente compleja. «Se requiere de equipo sofisticado capaz de bloquear los sistemas de navegación, y este disponible en muchos territorios afectados», explica Julián Mauricio Arenas, un ingeniero aeroespacial con experiencia en la materia.
Un caso notable es el de «Flaco Carvajal», un presunto operador de drones del frente de Franco Benavides, quien fue capturado el 17 de abril. Está bajo investigación por diversos delitos, incluyendo secuestro, extorsión y homicidio, y se cree que podría ser el líder de una estructura especializada en ataques mediante drones.
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