Los migrantes venezolanos obtienen una pausa judicial contra la expulsión inminente en los Estados Unidos.

La Corte Suprema de los Estados Unidos ha tomado una decisión crucial al detener la deportación de varios migrantes venezolanos que se encontraban detenidos en Texas. Esta decisión surge en respuesta a una apelación urgente presentada por la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), que ha expuesto la gravedad de la situación que enfrentan estos individuos. Los migrantes estaban a punto de ser expulsados bajo una ley del año 1798 que permite al gobierno expulsar a ciudadanos de países considerados enemigos sin necesidad de un juicio adecuado. Es importante destacar que esta ley fue utilizada anteriormente por el expresidente Trump contra presuntos miembros de grupos criminales como el tren Aragua.

La Corte no ha validado la ley de enemigos extranjeros, sino que ha optado por detener el procedimiento de deportación hasta que un tribunal superior decida sobre el asunto. Actualmente, los migrantes continúan en el Centro de Bobonnet, ubicado cerca de Abilene, Texas. Por otra parte, un tribunal federal ha bloqueado temporalmente la mencionada ley que permitía a Texas proceder con la expulsión de migrantes, lo que ha generado un alivio para miles de personas que enfrentaban una deportación inminente. Esta decisión ha sido muy bien recibida, ya que se ha criticado fuertemente la medida por invadir la competencia de las autoridades federales en materia migratoria.

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ACLU denuncia el abuso

La ACLU ha denunciado que muchos de estos migrantes recibieron notificaciones en inglés que no contaban con traducción adecuada, lo que les impidió comprender sus derechos y la posibilidad de apelar. En algunas ocasiones, llegaron a ser subidos a autobuses con destino al aeropuerto sin que recibieran la información necesaria para defenderse. Esta situación es alarmante, pues en el caso de algunos de los migrantes, su retorno a El Salvador podría resultar en condenas de cadena perpetua, una consecuencia muy grave que fue corroborada por declaraciones de Trump en relación con el presidente Bukele y el sistema penitenciario de su país.

ACLU: Unión Americana para Libertades Civiles.

Los jueces federales han indicado previamente que los migrantes tienen derecho a ser notificados de sus procesos con antelación y a presentar un hábeas corpus antes de ser expulsados. La ACLU ha expresado su preocupación profundamente por las nuevas políticas de inmigración que están incrementando el riesgo de violaciones a los derechos humanos. Estas políticas han derivado en arrestos arbitrarios, separación de familias y limitaciones en el acceso a representación legal. El grupo ha exigido que se detengan estas prácticas antes de que se conviertan en un estándar habitual en el sistema migratorio.

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Consecuencias de la política de inmigración de Trump; Los migrantes venezolanos obtienen una pausa judicial ante la expulsión inminente en los Estados Unidos.

Además, otro tribunal ha suspendido la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350,000 venezolanos que ya se encuentran en suelo estadounidense. Esta medida es crucial ya que protege a estas personas de ser deportadas de forma inmediata. Cabe recordar que Trump convirtió la migración en un tema central de su campaña política, acusando a Venezuela de estar envuelta en el envío de pandillas. En este contexto, el expresidente ha llevado a cabo la expulsión de varios migrantes hacia Cecot, una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Sin embargo, algunos de estos migrantes no tienen relación con el tren Aragua, según afirman sus abogados.

Es interesante señalar que la ley utilizada por Trump para ejecutar estas expulsiones solo ha sido aplicada tres veces en la historia de Estados Unidos: en el año 1812 y durante las dos guerras mundiales. Con el futuro de estos migrantes aún en manos del sistema judicial, la situación se torna crítica, especialmente en un contexto donde el discurso del ex presidente se ha endurecido, mientras que organizaciones como la ACLU continúan insistiendo en que se deben respetar los derechos humanos y que una parte importante de este proceso será la visibilidad que reciba dentro del marco de la campaña electoral.

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