De aquí a 2035, es imperativo que Colombia construya alrededor de 4,1 millones de hogares para cumplir con las crecientes demandas de su población. La interrogante crucial que se plantea es si estas nuevas edificaciones se llevarán a cabo de manera formal o, por el contrario, si se incrementará el Lado informal, un aspecto que permea la mayoría del sector habitacional.
Invasión en Bogotá. Foto:Archivo del Tiempo.
«Estamos en una carrera urgente contra la informalidad urbana. Es crucial abordar este problema. Se estima que el 40 por ciento de las viviendas en Colombia son informales. Esta informalidad tiene un impacto directo en los derechos fundamentales de las personas», expresó Guillermo Herrer, presidente de la Cámara de Construcción Colombiana (Camacol), durante el Congreso Verde que tuvo lugar en Bucaramanga.
El gremio ha enfatizado que, en un lapso de solo dos años, el acceso a viviendas formales ha disminuido notablemente. Según sus estimaciones, durante el año 2022—cuando Gustavo Petro asumió la presidencia—aproximadamente siete de cada diez viviendas eran accesibles, mientras que actualmente, esa cifra se ha reducido a solo cuatro de cada diez, dejando al resto en situaciones de informalidad.
«La construcción informal es sinónimo de pobreza y desconfianza. La política de vivienda no debe dejar espacio para la informalidad. Más de 1.6 millones de hogares en Colombia carecen de acceso a un sistema de acueducto», añadió Herrer.
Además, está convencido de que el futuro del sector construcción en el país no puede pasar por alto la sostenibilidad. Actualmente, existe un certificado de sostenibilidad aprobado por la Corporación de Finanzas Internacionales (IFC), que es parte del Grupo del Banco Mundial, que abarca aproximadamente 21 millones de metros cuadrados, en su mayoría destinados a viviendas de interés social.
Las construcciones están certificadas como sostenibles. Foto:Izock
Hasta la fecha, más de 295,000 unidades de vivienda en el país han recibido este tipo de certificación, que se distribuyen en 19 regiones. De estas, se destaca que el 72 por ciento corresponde a Viviendas de Interés Social (VIS).
El objetivo de Camacol Ceeg, que promueve esta certificación en Colombia, es lograr que el 50 por ciento de las casas entregadas en 2030 cuenten con este certificado, lo que equivaldría a un total de 428,000 unidades.
«Hoy, nos encontramos en la primera posición en certificaciones de sostenibilidad y representamos aproximadamente un 25 por ciento de los metros cuadrados certificados a nivel mundial», aseguró Herrer.
Para los ciudadanos, la certificación de viviendas sostenibles trae beneficios como la reducción en los costos de servicios públicos. Se estima que el consumo de energía y agua puede disminuir entre un 20 y un 40 por ciento. Por su parte, los constructores se benefician de incentivos fiscales y pueden acceder a tarifas especiales.
Pedro Martínez, Constructor Ejecutivo de la compañía Codyilector Jaramillo Mora, llevó a cabo un enfoque íntegro en sus proyectos, asegurando que el 100 por ciento de sus obras están certificadas. «Contamos con aproximadamente 20,000 unidades de vivienda certificadas, lo que beneficiará a más de 60,000 personas. Es fundamental iniciar y liderar este proceso», concluyó.
Centro de reconstrucción de renovación urbana Foto:Compañía de Reconstrucción Urbana (ERA)
Según la arquitecta Eliza Poz, quien fue invitada al Congreso, la calidad de las ciudades donde viven las personas tiene un impacto directo en su salud. Es por esto que es esencial crear espacios que sean tanto sostenibles como saludables.
«La regeneración urbana puede garantizar vidas saludables y promover el bienestar de sus habitantes en todos los grupos de edad, mejorando determinantes sociales como la salud, la calidad del aire, el acceso a espacios verdes, la seguridad en las calles y el acceso universal», concluyó Poz.
