Notaria cae por el escándalo de robo de tierras en el Atlántico: ya hay 18 capturados
El segundo notario de Barranquilla, Ana Dolores Meza Caballero, fue detenido el pasado martes por el Sijin, bajo la acusación de haber facilitado la legalización fraudulenta de tierras, tanto públicas como privadas, en diversos municipios del Atlántico. Actualmente se encuentra bajo investigación por múltiples delitos graves, que incluyen peculado, prevaricato por omisión, asociación para cometer delitos y urbanización ilegal.
La captura de Ana Dolores Meza Caballero se suma a los nombres de otros 17 capturados, muchos de los cuales mantienen vínculos con el alcalde de Soledad y con sedes de las oficinas responsables de los instrumentos públicos. Entre los arrestados se encuentran ex funcionarios, abogados, procesadores y presumibles titulares irregulares, quienes están acusados de formar parte de una red criminal que ha despojado al estado de más de 277,000 m² de tierras, lo que equivale a un valor ~superior a 22,000 millones de pesos.
La Oficina del Octavo Fiscal contra la corrupción es la encargada de dirigir este caso, que ha avanzado con eficacia al lograr la legalización de 16 de los arrestos. Sin embargo, uno de estos arrestos fue declarado ilegal, debido a errores presentados en la orden judicial. Este escándalo continúa generando repercusiones, y el público está a la espera de una nueva ronda de imputaciones que se llevará a cabo esta semana.
La magnitud de esta red criminal ha sido calificada como una de las más significativas en la región del Caribe. Las irregularidades cometidas no se limitan a terrenos comunes; se extienden incluso a áreas destinadas a la construcción de un megacolegio, que fueron vendidas como lotes privados a precios exorbitantes, alcanzando hasta 50 millones de pesos cada uno.
Ante estos hechos alarmantes, el presidente Gustavo Petro anunció una segunda ronda de 16 imputaciones adicionales, lo que incrementará el número total de judicializados a 33 personas. Este caso no solo resalta la severidad de la corrupción territorial en el país, sino que también pone de manifiesto un patrón insostenible que las autoridades están decididas a erradicar. La intervención tiene como objetivo restaurar la legalidad y la confianza en el manejo de los recursos públicos y el respeto a la propiedad privada.
