La oficina del Fiscal General ha tomado la decisión de imponer una sanción significativa al ex alcalde del distrito de Cartagena, William Jorge Dau Chamatt, que consiste en una suspensión de nueve meses para el ejercicio de su cargo. Esta sanción se debe a la violación de las disposiciones establecidas en el Plan de Alimentos Escolar (PAE), un programa esencial que garantiza la alimentación de los estudiantes durante su proceso educativo.
A pesar de que actualmente William Dau no ocupa ya su posición de alcalde, dado que su mandato ha llegado a su fin, la sanción que le ha sido impuesta requiere que cumpla con el pago de una cifra considerable aproximada de $ 112,044,240 millones de pesos. Este monto se considera una forma de reparar los daños causados por su falta de compromiso con la entrega adecuada de los beneficios del PAE a la población escolar.
Durante su mandato, que se extendió hasta el final de su período, el ex alcalde Dau tuvo la responsabilidad de asegurar que los niños y adolescentes que están registrados en el Sistema de Matrículas (Simat) como estudiantes oficiales de la ciudad de Cartagena recibieran el complemento alimentario necesario. Sin embargo, se evidenció que entre el 27 de enero de 2020 y el 11 de mayo del mismo año, no se llevó a cabo la entrega de este complemento, lo que afectó negativamente a un gran número de beneficiarios que dependían del programa para su alimentación diaria.
Este incumplimiento representa una violación grave de los derechos de los estudiantes y una falta de gestión en el uso de los recursos que deben ser destinados a asegurar que los jóvenes tengan acceso a una alimentación adecuada durante su educación. Los efectos de esta falta de entrega del complemento alimentario se tradujeron en una situación de vulnerabilidad para estos niños y adolescentes, que se encontraron desprotegidos y sin el apoyo nutricional necesario para su desarrollo y bienestar.
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Además de los problemas asociados con la entrega de alimentos, es relevante mencionar que el ex alcalde tomó decisiones cuestionables durante su gestión. En particular, ordenó la cancelación de una licitación pública que había sido convocada con el propósito de garantizar la ejecución del PAE en la ciudad para el año 2020. A pesar de contar con un proceso ya en marcha, decidió iniciar un nuevo proceso de contratación el 31 de enero, cuando el calendario escolar ya había comenzado. Esta decisión no fue solo imprudente, sino que también careció de eficacia, ya que el nuevo procedimiento no logró atender las necesidades del programa de manera oportuna, resultando en un retraso de 105 días en la aplicación de las medidas necesarias para asegurar la alimentación de los beneficiarios.
