En un preocupante giro de acontecimientos, se está llevando a cabo la investigación de un supuesto caso de abuso sexual que involucra a una niña de apenas cuatro años en la guardería y el capilar, situado en la diagonal 5 #19-27 del vecindario de Villa Patricia, en Fusagasugá. Este alarmante incidente ha suscitado una serie de quejas por parte de los familiares, quienes afirman que un joven de 21 años podría haber cometido tocamientos inapropiados hacia la pequeña dentro de las instalaciones del establecimiento educativo.
El Instituto de Bienestar Familiar Colombiano (ICBF) recibió la denuncia formal el 8 de mayo, realizada por la madre de la menor. Ante la gravedad de la situación, se activaron inmediatamente los protocolos de protección infantil establecidos en el país. Como parte de las medidas de protección, la niña fue trasladada a Medicina Legal, donde se le realizaron exámenes forenses para determinar la veracidad de las acusaciones. Además, para el próximo lunes 12 de mayo, se ha programado una entrevista por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Oficina del Fiscal, con el objetivo de recopilar más detalles relacionados con el caso. Como medida adicional, se ha informado que otros cuatro menores también han sido llevados a un centro zonal para su evaluación, con la intención de garantizar su bienestar y seguridad.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, ha expresado su firme postura al respecto, afirmando que no se tolerará ningún tipo de violencia contra los menores y que se garantizará la justicia en esta situación sensible. En medio de esta crisis, la policía ha tomado la decisión de suspender las actividades del jardín de infantes por un período de 10 días, debido a irregularidades en los requisitos legales que rigen el funcionamiento de este tipo de instituciones. El presunto agresor ya ha sido identificado, y la investigación ha sido delegada a un fiscal especializado de Bogotá, quien llevará adelante todos los procedimientos necesarios para esclarecer los hechos. Las autoridades competentes han reiterado su compromiso inquebrantable con la protección de la infancia, así como su intención de avanzar con las acciones pertinentes para resolver este grave asunto.
Este caso no solo ha puesto de manifiesto la importancia de la seguridad en los espacios educativos, sino que también ha revitalizado la urgencia de implementar medidas más efectivas para prevenir situaciones que pongan en riesgo a los menores. La comunidad, preocupada por el bienestar de sus hijos, exige respuestas claras y justas para la pequeña víctima. En este contexto, se hace un llamado a las instituciones gubernamentales y educativas para que refuercen sus políticas de protección infantil, y se inste a todos los miembros de la sociedad a estar vigilantes y proactivos en la defensa del bienestar de los niños.
