Andrés Orueña y su secretaria son investigados por su presunto uso inapropiado de la supervisión del consejo.
La oficina del Ministro de Justicia ha dado forma a un Pliego de cargos en relación con la gestión del presidente del municipio de Alvarado, Andrés Felipe Uruña Aramendiz, y su secretaria, Andrea Dayana Álvarez Pérez. Esta investigación se centra en presuntas irregularidades en el manejo de los recursos durante el segundo semestre de 2023. El caso ha despertado gran interés debido a las serias alegaciones de mal manejo financiero.
Datos
El proceso legislativo que ha dado origen a esta investigación se inició a raíz de una queja presentada por el ministro José Iván Paz García. En su denuncia, el ministro señala que, entre el 31 de mayo y el 18 de septiembre de 2023, se desarrolló un período del Consejo que no fue debidamente aprobado, lo que podría haber llevado a cambios y acusaciones de irregularidades en el manejo de los fondos públicos. Las autoridades competentes están ahora indagando sobre la posible desaparición de estos fondos durante el mencionado período, lo que ha puesto en alerta a la comunidad local.
Pagos
En particular, se ha señalado que Andrea Dayana Álvarez, en su calidad de secretaria del Consejo, habría manejado inapropiadamente la suma de $22,868,198 entre el 7 de julio y el 9 de octubre de 2023. Esto se realizó a través de la emisión y cobro de cheques que salieron de la cuenta bancaria pública, lo que genera interrogantes sobre la transparencia y la ética en sus acciones. Por su parte, Andrés Felipe Orueña enfrenta dos acusaciones: la primera relacionada con la autorización de la supervisión del Consejo sin cumplir con las medidas administrativas necesarias; y la segunda, por negligencia en la custodia del capital institucional, lo que habría facilitado la supuesta firma de documentos falsificados y la malversación de recursos.
Descomponer
Una agencia reguladora ya ha calificado las conductas observadas como delitos graves que podrían acarrear multas significativas. Esta calificación tiene en cuenta los efectos perjudiciales sobre la herencia pública y una posible violación de los principios de legitimidad y responsabilidad que deben regir la gestión de los recursos públicos. La gravedad de las acusaciones plantea serias dudas sobre la integridad de la administración en la región.
Proceso
El proceso disciplinario continuará en el Ministerio de Justicia de Ibagué, donde se evaluará toda la evidencia presentada para determinar si se procederá con una investigación disciplinaria formal. La Oficina del Ministro de Justicia ha recordado que estas acciones buscan garantizar la transparencia en la administración pública, además de reiterar su compromiso de seguir vigilando el manejo de recursos en los municipios de Tolima. La comunidad está atenta a los avances de esta investigación, dado el impacto que puede tener sobre la confianza pública y la integridad de las instituciones locales.
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