La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, emitió una serie de alertas tempranas sobre la crítica situación de orden público que viven varios municipios del departamento de Nariño, donde el recrudecimiento de la violencia por parte de grupos armados ilegales está causando graves daños a la población civil.
Según el reporte oficial, los municipios de Cumbitara, El Peñol y El Tambo se encuentran entre los más afectados en la zona central del departamento. En estas localidades se han registrado enfrentamientos armados entre estructuras ilegales que se disputan el control territorial, provocando desplazamientos forzados, confinamientos y un miedo creciente entre las comunidades campesinas.
Zonas de peligro
Los lugares donde la Defensoría del Pueblo advierte de riesgo son el casco urbano de El Tambo y las localidades de San Pedro (pueblo Aminda, Cascajal Bajo, Cafelina, Chagraurco, Los Limos, San Pablo Bajo y San Pedro) y El Azogue (pueblo Viejo, Ovejera, Azogue y La Cocha).
Asimismo, el casco urbano de El Peñol y los corregimientos Las Cochas (pueblos Guayabal, Humero, Cajabamba, Torrecilla y Las Cochas), El Peñol Centro (pueblos Charguayaco, Perejil, Molinoyaco y La Cuchilla), Peñol Viejo (pueblos Peñol Viejo) y La Toma (pueblos Guayabillo, Papao, Nuevo Peñol y La Toma).
En la costa del Pacífico
La situación es aún más compleja en la costa pacífica de Nariño. Municipios como Magüí Payán, Roberto Payán, Barbacoas, El Charco, Mosquera y Santa Bárbara de Iscuandé enfrentan una fuerte presencia de grupos armados ilegales que han intensificado sus acciones en las últimas semanas, poniendo en riesgo la seguridad y la vida de cientos de familias.
Desplazamientos
Según la Defensoría del Pueblo, estas dinámicas de violencia no solo incluyen combates directos, sino también amenazas, reclutamiento forzado de menores, instalación de artefactos explosivos y restricciones a la movilidad de la población. Las comunidades, muchas de ellas afrodescendientes e indígenas, se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad debido a la limitada capacidad de respuesta institucional en estas zonas remotas.
“Igualmente preocupante es el aumento de los desplazamientos masivos y el confinamiento de comunidades enteras, que quedan atrapadas en medio del fuego cruzado”, advirtió Iris Marín. El funcionario enfatizó que estas condiciones representan una grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Con las elecciones por delante
La alerta se produce en un momento especialmente sensible para el país, a menos de dos meses de las elecciones presidenciales. En este contexto, la Defensoría del Pueblo advirtió que la situación de orden público en Nariño podría afectar significativamente las garantías para el ejercicio de la democracia, particularmente en zonas rurales y de difícil acceso.
“La presencia de actores armados ilegales puede generar presiones indebidas sobre los electores, limitar la participación ciudadana y afectar la transparencia del proceso electoral”, señaló la entidad en su comunicado. Asimismo, se advirtió sobre el riesgo de que algunos territorios queden prácticamente aislados, lo que dificultaría la instalación de mesas de votación y el normal desarrollo de la jornada electoral.
llamada urgente
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional a adoptar medidas inmediatas para garantizar la seguridad en las zonas afectadas. Entre las principales solicitudes destaca el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública, así como la implementación de acciones integrales que incluyan la atención humanitaria a las comunidades desplazadas.
Las autoridades también instaron a reforzar los mecanismos de prevención y protección, incluida la activación de rutas de atención a las víctimas y el acompañamiento permanente a los organismos de control en los territorios en riesgo.
TÍTULO (CAJA)
Monitoreo permanente
La Defensoría del Pueblo reiteró que continuará monitoreando permanentemente la situación en Nariño e instó a todas las instituciones del Estado a actuar de manera coordinada para proteger a la población civil. “Es fundamental evitar que la violencia siga escalando y garantizar condiciones mínimas de seguridad y dignidad para las comunidades”, concluyó Iris Marín.
La alerta temprana resalta una vez más los desafíos de seguridad que enfrenta el departamento de Nariño, así como la urgencia de implementar soluciones estructurales que permitan recuperar el control institucional y garantizar la paz en esta región del país.