La Oficina del Ministro de Justicia ha tomado conocimiento de un caso penal que involucra al Ministro del Interior, Armando Benedetti, así como a la jefa del Departamento Administrativo de la Oficina Presidencial (DAPRE), Angie Rodríguez. Estos funcionarios están siendo acusados de posibles violaciones a la ley. La abogada Estefania Orozco Torres es la responsable de presentar esta queja, exigiendo a la unidad competente que lleve a cabo una investigación de carácter urgente, dada la seriedad de los hechos que se han expuesto.
La base de esta denuncia radica en las recientes declaraciones efectuadas por la ministra de justicia saliente, Angela María Buitrago, quien ha manifestado haber recibido presiones que no se alinean con criterios técnicos o de gestión. En cambio, estas presiones buscaban satisfacer intereses puramente personales o políticos. Cabe resaltar que Buitrago, tras estas afirmaciones, presentó su renuncia de forma irreversible el 12 de abril, aunque su dimisión tomará efecto a partir del 1 de junio, marcando un momento crucial en su trayectoria profesional.
Buitrago ha señalado de manera directa a Benedetti y Rodríguez, atribuyéndoles la responsabilidad por estas presiones, las cuales supuestamente incluían intentos de influir en la eliminación de los servicios penitenciarios y en la decisión relacionada con Ludwig Valero, director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). Esto, además, incluiría presiones para facilitar la transferencia de una prisión, lo que genera interrogantes sobre la transparencia y la ética en su gestión.
En la queja presentada, se sostiene que estos comportamientos podrían constituir un delito que, según el Artículo 411 del Código Penal de Colombia, está destinado a sancionar a aquellos funcionarios que abusan de su posición para obtener beneficios indebidos, ya sea para sí mismos o para terceros. Este aspecto legal subraya la gravedad de las acusaciones que han surgido en torno a las acciones de Benedetti y Rodríguez.
Dentro de la evidencia solicitada por el demandante, se incluye la recolección urgente de declaraciones de Buitrago, así como la integración de pruebas que demuestren la comunicación (llamadas y mensajes enviados) entre los funcionarios en el año 2025. Esta recolección de pruebas también plantea preguntas acerca de la existencia de un grupo de chat entre los miembros del gabinete presidencial, donde supuestamente se habrían discutido instrucciones o comentarios vinculados a este caso, lo cual podría tener implicaciones significativas en el proceso de investigación.
Además, es relevante destacar que Armando Benedetti enfrenta actualmente un proceso judicial ante la Corte Suprema por otros hechos previos. Según la abogada Orozco, esto evidencia una conducta reiterada que podría linkearse a las acusaciones recientes, lo que añade un nivel de complejidad al caso en cuestión.
Por último, la credibilidad de las acusaciones de Buitrago no debe pasarse por alto. Conocida en el ámbito judicial como una «fiscal de hierro», su trayectoria y experiencia en el sistema de justicia colombiano otorgan un peso considerable a las denuncias que ha realizado. Esto se convierte en un factor crucial a considerar en el análisis de este complicado escenario que involucra a altos funcionarios del gobierno.
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