A solicitud de la oficina del Fiscal General, un juez de control de garantía ha impuesto una medida de aseguramiento en una prisión preventiva contra Edgar Roberto Rodríguez Gómez, un individuo de 29 años de edad, quien fue detenido en relación con un caso de agresión sexual ocurrido en el municipio de Ubaté, Cundinamarca. Este caso ha despertado una considerable preocupación en la comunidad, dado el impacto negativo que estos delitos tienen en la seguridad y bienestar de las mujeres.
Los eventos que llevaron al inicio de la investigación se produjeron en las primeras horas del 16 de marzo, cuando una mujer de 21 años se acercó a un taxi que estaba siendo conducido por el mencionado Rodríguez Gómez. Según la evidencia recopilada por la oficina del fiscal, se alega que Rodríguez Gómez aprovechó la vulnerabilidad de la víctima para llevar a cabo un acto sexual no consensuado y visible dentro del vehículo. Ante esta situación alarmante, la joven se defendió valientemente y logró escapar del automóvil a su llegada a casa, donde se dirigió inmediatamente a las autoridades competentes para reportar lo sucedido.
Gracias a un trabajo exhaustivo de investigación y monitoreo, las fuerzas de la Policía Nacional pudieron localizar y detener a Rodríguez Gómez en un parque del municipio. Posteriormente, el individuo fue presentado ante un juez de control de garantía, donde la oficina del fiscal formalizó cargos en su contra por el delito de acto sexual violento. Es importante señalar que el acusado no aceptó la responsabilidad por los hechos que se le imputan, lo que ha llevado a que el proceso judicial continúe su curso.
A pesar de las alegaciones y la defensa del acusado, el juez accedió a la petición de la oficina del fiscal y ordenó su reclusión en un centro de prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial. La oficina del fiscal ha afirmado su compromiso de recolectar más pruebas, testimonios y otros elementos probatorios que sean necesarios para sustentar la acusación a lo largo de la fase del juicio. Este enfoque busca garantizar que se haga justicia para la víctima y se eviten situaciones de impunidad en casos de esta naturaleza, que afectan gravemente la integridad y dignidad de las mujeres en nuestra sociedad. La fiscalía está decidida a trabajar con diligencia y a colaborar con las fuerzas del orden público para asegurar que estos delitos no queden sin castigo y que las víctimas reciban el apoyo necesario durante todo el proceso.
