La oficina del fiscal general abrió una investigación previa contra los funcionarios de la oficina del alcalde para presuntas irregularidades en el programa de alimentos escolares -pae-, se originó en la falta de información por parte del operador del contrato con respecto a la trazabilidad y el origen de los productos cárnicos que estaban en una bodega de almacenamiento.
Para esta situación, las autoridades de la capital de Huila necesitaban confiscar estos productos para una incineración posterior, una acción que se adoptó para evitar, mitigar y evitar la ocurrencia de un hecho que pone en riesgo que la comunidad estudiantil se benefició del PAE.
El Ministerio Público solicitó informes de monitoreo a la ejecución de esto, así como los resultados obtenidos después de la inspección realizada en las bodegas del operador.
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