El senador Miguel Ángel Barreto ha expresado una fuerte queja en contra de la Superintendencia de domiciliarios públicos, demandando respuestas inmediatas sobre la falta de vigilancia frente al abuso arancelario que practican empresas como Celsia. Asimismo, ha denunciado la peligrosa concentración del mercado energético en Colombia, lo que se ha convertido en una cuestión crítica para la economía del país.
Barreto no escatima en señalar que, en la actualidad, seis compañías controlan más del 80% del mercado de generación de energía, así como de su transmisión y distribución en el territorio nacional. «Estos conglomerados actúan de manera arbitraria, casi sin la supervisión necesaria por parte de la superintendencia correspondiente. Al final, son los usuarios cotidianos quienes terminan pagando las consecuencias de esta falta de control», advirtió el senador Barreto Castillo, subrayando la gravedad de la situación.
El legislador también ha exigido respuestas claras a la superintendencia respecto a la crisis que atraviesan las tarifas de energía, gas natural y GLP en el país. Esta crisis no solo afecta a empresas, sino que tiene un impacto directo sobre millones de familias colombianas que se ven perjudicadas por el retraso en el pago de subsidios. Esta situación ha llevado a que la economía de muchos hogares se vea comprometida, generando un clima de ansiedad y frustración entre los ciudadanos.
Durante su intervención en un debate de control político celebrado en la Quinta Comisión del Senado, Barreto hizo hincapié en los abusos arancelarios específicos que ha estado cometiendo Celsia en instalaciones como Tolim Fair. Esta denuncia se suma a un conjunto más amplio de preocupaciones sobre la manera en que se manejan los servicios públicos en el país, resaltando la necesidad de una intervención más efectiva por parte de las autoridades competentes.
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El senador también destacó que millones de colombianos pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 están experimentando un incremento desmesurado en sus facturas de energía cada mes. Esta situación se agrava aún más al observar que las autoridades que deberían resguardarlos parecen mirar hacia otro lado, desentendiéndose de las problemáticas que afectan directamente a la población más vulnerable.
«El bolsillo colombiano no soporta más esta situación. En este momento crítico, debemos unir fuerzas para defender tarifas justas y asegurar un servicio adecuado para todos. Es urgente que la superintendencia tome cartas en el asunto, garantizando el pago de las deudas y vigilando a los proveedores. Debe actuar con determinación para evitar un colapso en la provisión de este servicio esencial. No puede permitirse que la entidad se convierta en un mero espectador ante una crisis de tal magnitud», concluyó el senador Miguel Ángel, haciendo un llamado a la acción inmediata por parte de las autoridades pertinentes.
