El papel que desempeña el seguro de pensiones en el contexto del nuevo sistema de pensiones ha suscitado un debate importante tras la promulgación de la Ley 2381 de 2024 y la posterior publicación del proyecto de regulación que delineará su implementación. Este marco legal y normativo busca redefinir cómo se gestionan estas políticas dentro del entramado social y económico del país.
A pesar de que la ley reconoce de manera explícita el valor fundamental del seguro de pensiones, el proyecto regulatorio en cuestión establece una alternativa que resulta ser superior a su continuidad como un mecanismo crucial para la cobertura de riesgos e incluso la supervivencia de quienes dependen de él.
La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) ha manifestado su inquietud respecto a esta propuesta normativa. «Hemos planteado nuestras preocupaciones ante el gobierno nacional sobre el proyecto de regulaciones regulatorias únicas, que cuestionan la participación del seguro de pensiones en el nuevo sistema de pensiones, a pesar de que la Ley 2381 de 2024 ya reconoce su valor y relevancia«, afirmó el sindicato.
En particular, el proyecto regulatorio sugiere un modelo que, en sus primeras etapas, se funda en el patrimonio autónomo asignado para cubrir los riesgos asociados. Después de un año, esta entidad deberá identificar el mecanismo más adecuado, basado en un estudio técnico cuya metodología y condiciones aún carecen de claridad. Esto ha llevado a que Fasecolda advierta sobre un elevado grado de incertidumbre que podría amenazar la estabilidad del seguro de pensiones.
Desde una perspectiva actual, el seguro de pensiones ha demostrado su capacidad para ofrecer un servicio eficiente y seguro, garantizando así una pensión digna a aquellos que han perdido su capacidad de trabajo y proporcionando pensiones a las familias de trabajadores que fallecieron antes de llegar a la jubilación. Según el sector de seguros, más de 154 mil hogares en Colombia se benefician de una pensión gracias a este mecanismo.
El nuevo cálculo para las semanas cotizantes debe hacerse teniendo en cuenta los días calendario, y no en base a meses de 30 días. Foto:Izock
Así funciona el seguro
Durante la crisis provocada por la pandemia, el papel del seguro de pensiones se volvió incluso más crítico. «Las aseguradoras desembolsaron aproximadamente 1.500 millones de pesos para ayudar a las cuentas pendientes por fallecimientos y otros casos imprevistos relacionados con el Covid-19″, sostuvo Fasecolda.
Uno de los desafíos técnicos que causa preocupación es la falta de claridad en la regulación que regula el deslizamiento del salario mínimo, una cuestión que hace referencia a la diferencia entre el incremento en el salario mínimo y la variación del IPC. Esta cobertura es esencial, ya que el ingreso temporal expuesto a este riesgo representa un costo significativo para las aseguradoras. «Si no se cubre este aspecto, los costos asociados al ingreso aumentarían, lo que podría resultar en un seguro insostenible», se advirtió desde el gremio.
Desde una óptica fiscal, el seguro de pensiones actúa como un aliviador para las finanzas públicas al distribuir el riesgo entre múltiples aseguradoras. «La eliminación o restricción del seguro de pensiones podría tener efectos fiscales adversos, concentrando el riesgo en un solo mecanismo que puede carecer del patrimonio y la capacidad necesarias para enfrentar eventualidades como accidentes, pandemias, incremento en enfermedades crónicas y catástrofes naturales», advirtió Fasecolda.
El monto de la pensión depende de cómo se calcula el salario. Foto:Izock
El mecanismo actual también contribuye a preservar los principios fundamentales de la economía colombiana. «La participación del seguro de pensiones fomenta no solo la pluralidad de postulantes sino también los derechos constitucionales de libre competencia. Así, su eliminación representaría una violación a este derecho«, comentó el gremio de seguros.
Las aseguradoras que forman parte de este sistema cuentan con reservas técnicas, dispersión de riesgos, reaseguro y una supervisión adecuada por parte de las entidades financieras de Colombia. Estos factores refuerzan la capacidad del sistema de pensiones para enfrentarse a escenarios adversos.
La jubilación proporciona beneficios esenciales, tales como la constitución de reservas técnicas y la distribución de riesgos entre diferentes aseguradoras, así como un régimen crediticio respaldado por una supervisión efectiva», señaló Fasecolda.
CEH también subrayó su disposición a participar en la creación de una regulación adecuada. «Desde el sector de seguros, reafirmamos nuestra disposición de seguir contribuyendo al proceso regulador para establecer un mecanismo técnico, plural y sostenible que garantice la protección de los ciudadanos, así como la eficiencia del sistema y el equilibrio fiscal del país«, señaló el gremio.
La discusión sobre el futuro del seguro de pensiones en el nuevo sistema de pensiones continúa abierta. Aunque el proceso regulatorio avanza, los distintos actores sostienen que cualquier modificación debe considerar la experiencia técnica y la sostenibilidad a largo plazo del modelo vigente.
«Colombia necesita soluciones de pensión robustas, fundamentadas en criterios técnicos y apoyadas por la participación de expertos en la gestión de riesgos. El seguro de pensiones puede y debe seguir siendo parte de esta solución«, concluyó el gremio.
