Este 21 de octubre, la Corte Superior de Bogotá absolvió al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en el proceso judicial que durante años lo mantuvo bajo la lupa por los delitos de cohecho en proceso penal y fraude procesal, relacionados con la presunta manipulación de testigos. La decisión revoca por completo la condena de primera instancia que lo había condenado a doce años de arresto domiciliario.
Según el alto tribunal, no fue posible acreditar que Uribe hubiera ordenado o coordinado pagos y ofertas para alterar testimonios dentro de los procesos en los que fue acusado de vínculos con grupos paramilitares. La Sala consideró que los elementos probatorios aportados por la Fiscalía y la parte acusadora “no fueron suficientes para establecer, más allá de toda duda razonable, que el expresidente habría actuado como determinante de dicha conducta”.
El Tribunal también señaló inconsistencias en la valoración de la prueba realizada por la jueza Sandra Heredia, quien en primera instancia lo había declarado culpable, destacando que varios testimonios clave eran contradictorios o no verificables. Además, precisó que la actuación del abogado Diego Cadena, quien visitó cárceles y contactó a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez Ramírez, no pudo vincularse directamente con órdenes o instrucciones del expresidente.
El fallo marca un giro decisivo en un proceso que durante más de siete años ha sido uno de los más sonados y controvertidos en la historia reciente del país. El caso nació en 2012, cuando el entonces senador Iván Cepeda fue denunciado por Uribe por presunta manipulación de testigos, pero la Corte Suprema acabó abriendo una investigación contra el propio expresidente tras encontrar posibles irregularidades por parte de su defensa.
Con esta decisión, Uribe Vélez queda libre de las acusaciones en esta etapa procesal, aunque las víctimas y la parte civil aún podrían interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, única vía legal para revisar nuevamente el caso.
Tras conocer el fallo, sectores del Centro Democrático celebraron la decisión como un “acto de justicia y reivindicación política”, mientras que otras voces, especialmente de la oposición, expresaron su preocupación por lo que consideran “una decisión que podría dejar impune uno de los casos más sensibles de manipulación judicial”.
Así, el Tribunal Superior de Bogotá cierra, al menos por el momento, uno de los capítulos más largos y polarizadores de la política y la justicia colombianas, en torno a una figura que sigue dividiendo profundamente al país.
