El gobierno de Colombia, bajo la dirección del presidente Gustavo Petro, ha decidido no ampliar la suspensión bilateral de hostilidades que había estado vigente con los elementos del grupo armado FARC anti-Achestors, liderados por el conocido Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’. Esta confirmación fue hecha pública el jueves 17 de abril de 2025, marcando un momento significativo en el contexto de las conversaciones de paz que se han mantenido con este sector de la FARC. La decisión fue formalizada a través de una carta que se envió al Secretario General del Consejo de Paz, quien ha estado mediando en las negociaciones, representando a diferentes actores en el conflicto, incluyendo una figura clave como Camilo González Posso.
En el documento oficial emitido por el gobierno, se afirma que «un alto el fuego bilateral y temporal no se extenderá en lo que respecta a los residentes civiles (CFBTRPC)». Este anuncio es percibido como un paso crítico en la relación entre el gobierno y los grupos armados que todavía operan en diversas regiones del país. A pesar de que la suspensión de hostilidades no se prolongará, el gobierno ha dejado claro que no se trata del final de las negociaciones. En su declaración, se reactivaron también las órdenes de arresto contra aquellos que forman parte de esta estructura de la FARC, lo que podría llevar a un aumento en la tensión entre las partes involucradas.
Es importante contextualizar este acontecimiento dentro del marco más amplio del proceso de paz en Colombia. Ha habido una lucha constante entre varios grupos armados y el gobierno, que ha intentado establecer una paz duradera después de décadas de conflicto. Las conversaciones recientes han sido intensas y han incluido no solo al gobierno y a los diferentes bloques de la FARC, sino también a otros actores sociales que buscan contribuir a la estabilidad del país. Aunque estas negociaciones son complejas y están cargadas de desafíos, el gobierno de Gustavo Petro ha manifestado su compromiso con el diálogo como la vía preferida para resolver el conflicto.
La decisión de no extender la suspensión de hostilidades podría interpretarse como un intento del gobierno de demostrar su firmeza frente a acciones ilícitas, pero también plantea interrogantes sobre el futuro de las negociaciones. El seguimiento de estos eventos será crucial, ya que resultará en implicaciones tanto para la seguridad de los ciudadanos como para los esfuerzos de construcción de una paz sostenible. La comunidad internacional y los ciudadanos colombianos están a la espera de ver cómo el gobierno manejará esta situación y qué pasos tomará en las próximas semanas y meses para continuar con el proceso de paz.
18
