Según los informes, Daniel Bargurgan ha recibido un contrato jugoso
La reciente controversia ha hecho temblar los cimientos de un Departamento Administrativo de Servicios Públicos (UAESP) que ya enfrenta desafíos considerables. En el centro de esta tormenta se encuentra Daniel Barragán, un contratista que, de acuerdo con la ministra Diana Diago, habría obtenido un contrato sorprendente, superior a los 220 millones de pesos, a pesar de no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la unidad.
Barragán logró unirse a la UAESP mediante el contrato UAESP-004-2024, que le otorgó la responsabilidad de proporcionar soporte especializado en la dirección general de la unidad. Para ocupar este puesto, se requería que contara con estudios de posgrado y una experiencia laboral de más de 97 meses. Sin embargo, lo alarmante es que los documentos presentados solo reflejaban 60 meses de experiencia, lo que plantea serias dudas sobre la validez de su contratación. No obstante esta notable discrepancia, el contrato fue firmado y se le asignó una suma exorbitante de más de 220 millones de pesos.
Relaciones forzadas y vecindad política
De acuerdo con las afirmaciones de Diago, la UAESP justificó esta contratación «para cumplir» con los requisitos de experiencia que Barragán no poseía a través de una discusión relacionada con su formación teórica. Diana Diago se cuestionó: «Una maestría no reemplaza casi cuatro años de experiencia laboral, pero aún así están llevando a cabo contratos públicos en esta unidad». Esto pone de relieve una preocupante tendencia hacia la falta de meritocracia en la asignación de contratos.
Lo que resulta aún más inquietante, según Diago, es que este caso no es aislado. En ocasiones anteriores, movimientos similares en el lobby han revelado irregularidades parecidas en la contratación de otros contratistas, como el caso de Isabel Camacho, quien está vinculada al director Consullo Ordóñez. En su caso, a pesar de tener un historial laboral cuestionable, fue contratada inicialmente y luego su contrato fue renovado, lo que ha despertado críticas sobre las decisiones que se están tomando en la UAESP.
El patrón en el caso de Barragán parece seguir un camino similar. Las denuncias sugieren que su cercanía a Ordóñez se remonta a varios años atrás, cuando ambos trabajaron juntos en el Banco Central de Santander y en distintas unidades regionales. Esta conexión parecería haber sido fundamental para asegurar su contratación, a pesar de que no cumplía con los requisitos establecidos.
Ejecución repetida con total impunidad
Para la ministra, estas prácticas son un claro signo de cómo se están utilizando recursos públicos para satisfacer favores políticos. «Esto no tiene nada que ver con la meritocracia ni con la transparencia. Es un reflejo de que los contratos están siendo asignados de manera sistemática para beneficiar a los amigos del director», aseguró Diago.
La ministra advierte que lo que ha ocurrido en la UAESP no solo ha socavado la ética institucional, sino que también ha afectado la credibilidad de los procesos de negociación en la región. En este sentido, hace un llamado a la intervención inmediata de los reguladores y a un mayor control sobre cómo se están gestionando los recursos públicos.
El acuerdo fue de aproximadamente 200 millones de peso, además, el Ministro condena que este funcionario, así como muchos no tienen los requisitos necesarios para la situación.
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